CCOO PV y UGT-PV denuncian que la epidemia de COVID-19 ha arrasado la frágil prevención de riesgos laborales

28A Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

Ambos sindicatos dedicarán esta efeméride recordar a las personas contagiadas y fallecidas, y especialmente a las expuestas por motivos de trabajo. Reivindican como hoja de ruta de salida de la crisis la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS: “Que la igualdad de género, el trabajo decente y los entornos seguros sean prioritarias en cualquier decisión empresarial y política. Las personas y el entorno en el centro de la economía”.

El día 28 de abriles una fecha dedicada a honrar en todo el mundo la memoria de las víctimas de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Desde 2003, se involucró en su celebración a la Organización Internacional del Trabajo, a petición sindical, apoyándose en los valores del tripartismo y el diálogo social.

La celebración de 2020 estará marcada por una pandemia que ha provocado la muerte de más de 1.000 personas en el País Valenciano y más de 10.500 contagios. Daniel Patiño, secretario de Salud laboral de CCOO PV manifiesta la voluntad sindical de homenajearlas, y de “recordar a todas aquellas personas que desde sus puestos de trabajo se han convertido en el principal baluarte de defensa frente a la enfermedad, poniendo en riesgo su salud y sus propias vidas. Personas de clase trabajadora que han demostrado ser la clave para garantizar las necesidades y derechos más básicos de la ciudadanía”.

La salud laboral forma parte de manera indisociable de la salud pública, como ha evidenciado la pandemia de COVID-19, y como ambos sindicatos han defendido durante años. UGT y CCOO han denunciado reiteradamente el mantenimiento de un modelo productivo que prima la obtención de beneficios empresariales a costa de la salud de las personas trabajadoras. Las políticas austericidas tras la recesión de 2008 provocaron recortes en los servicios públicos imprescindibles. A este déficit se ha sumado la reducción de inversiones empresariales en prevención de riesgos y la falta de financiación de políticas públicas activas.

En la última década han repuntado los accidentes de trabajo, el ocultamiento y subregistro de las enfermedades profesionales y el lema “la precariedad laboral mata” ha sido recurrente en las campañas sindicales de denuncia. En el año 2019, sólo en el País Valenciano fallecieron 83 personas como consecuencia de su trabajo, y se contabilizaron 52.454 accidentes laborales.

Marisa Baena, secretaria de Salud Laboral, Medio Ambiente y Cooperación de UGT-PV, afirma que “el sistema preventivo español ya se encontraba en una situación de extrema debilidad, que ha impedido la aplicación efectiva de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que este año cumple sus 25 años”. Unas resistencias basadas en la configuración de la prevención como un negocio y no un derecho, externalizando su gestión, aprovechando la imposibilidad de articulación sindical en un universo de PYME y micro PYME, y en un entorno institucional de actuación pública que apenas regula mínimamente el ‘mercado de la prevención’.

En este contexto, CCOO y UGT denuncian que la pandemia de COVID-19 ha terminado por arrasar la prevención en España. Los servicios de prevención, indispensables para la integración de la actividad preventiva en las empresas, mostraron tremendas limitaciones limitar la exposición al virus, convirtiendo en papel mojado las instrucciones de las autoridades sanitarias. Una incapacidad que en los servicios de prevención ajenos ha alcanzado cotas escandalosas. La carga de trabajo del personal técnico, sujeto a criterios mercantilistas imposibilita desarrollar una actividad de calidad, incompatible con su propia salud. Algunos incluso llegaron a solicitar ERTE para parte de sus plantillas, o a ofrecer test a sus clientes a precios astronómicos.

Ambas organizaciones sindicales también critican la falta de medios humanos y materiales medios, tanto del INVASSAT como de la ITSS, que ha resultado demoledora en la protección del riesgo a profesionales de servicios esenciales. La renuncia del Organismo Estatal de la ITSS a paralizar actividades por riesgo grave e inminente de contagio ante el coronavirus o a proponer sanciones ha provocado muchas situaciones de indefensión profesional.

Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores consideran que la integración de la salud laboral en la salud pública resulta incompatible con el retroceso de las instituciones que deberían liderar el proceso, como el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no ha dejado de ver reducida su plantilla y su peso en la toma de decisiones.

El sindicalismo mayoritario de clase ha afrontado esta crisis defendiendo a las personas trabajadoras, miles de representantes sindicales se han adaptado a la extrema dificultad por la limitación de movimientos para seguir atendiendo consultas, negociando medidas colectivas y denunciando los abusos.  En coherencia, ambos sindicatos reclaman políticas públicas que respondan a las necesidades del conjunto de personas y el medioambiente, e instan al Gobierno valenciano y a la confederación empresarial a comprometerse a negociar en el ámbito del diálogo social, medidas de protección para las personas trabajadoras, así como del cambio de modelo productivo en el que se respete la sostenibilidad medioambiental.

 

 

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