Melchor León asegura que tres semanas después de la crisis la situación no ha mejorado y sostiene que la Ciudad Autónoma no ha sido informada de cómo se ejecutaría el traslado anunciado por el Ministerio. Reclama más medios para identificar a los menores, tramitar sus expedientes y buscar soluciones con sus familias

La gestión de los menores migrantes que permanecen en Ceuta abre un nuevo frente entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno central. Melchor León, representante ceutí entrevistado tras tres semanas de crisis, cuestiona el anuncio del traslado de 500 menores —en concreto niñas— a la Península y asegura que la administración ceutí no ha recibido información sobre cómo se pretende ejecutar la medida.

León sostiene que la situación en Ceuta “no ha mejorado nada después de tres semanas” y considera insuficientes las medidas que el Ejecutivo central ha comenzado a adoptar en los últimos días. También describe un creciente desgaste entre la población.

La principal discrepancia se centra ahora en qué administración debe gestionar a los menores y qué procedimiento legal debe seguirse antes de cualquier traslado.

Ceuta cuestiona el anuncio del traslado de 500 menores

Durante la entrevista se plantea el anuncio de que Ceuta y el Ministerio de Infancia trabajan para trasladar a la Península a 500 niñas migrantes.

León rechaza que exista un acuerdo en esos términos y asegura haber mantenido contactos durante la mañana con responsables del Gobierno de la Ciudad.

Según su versión, Ceuta no ha autorizado ese traslado y cualquier actuación con los menores requiere previamente la apertura y tramitación de expedientes individualizados.

“La tutela de los menores es de la Ciudad Autónoma de Ceuta”, sostiene León, quien acusa al Ministerio de trasladar públicamente una versión que no se correspondería con las conversaciones mantenidas con la administración ceutí.

Los menores necesitan expedientes individualizados

Uno de los puntos centrales de la controversia es la especial protección jurídica de los menores.

León recuerda que se trata de personas vulnerables y sostiene que no puede plantearse un traslado colectivo sin cumplir previamente los procedimientos correspondientes para cada caso.

La propia entrevista introduce además una precisión importante: aunque inicialmente el ministro del Interior anunció devoluciones para quienes habían entrado irregularmente, posteriormente se matizó que la situación de los menores debía tratarse de manera diferente.

Por ello, cualquier decisión sobre su futuro deberá tener en cuenta su condición de menores y las garantías legales aplicables.

“Queremos soluciones, no titulares”

El representante ceutí reclama que la situación deje de convertirse en un enfrentamiento político entre administraciones.

“Esto no se trata de sacar réditos políticos, esto es una crisis humanitaria”, afirma durante la entrevista.

León sostiene que Ceuta necesita soluciones urgentes y medios suficientes del Estado para afrontar una situación excepcional, especialmente para acelerar la identificación y la tramitación administrativa de los menores.

La discrepancia, por tanto, no se limita al destino final de los menores, sino también a cómo deben tramitarse los expedientes y quién debe responsabilizarse de ellos mientras se resuelve cada situación individual.

Ceuta reclama que los menores estén bajo custodia institucional

Otro de los aspectos abordados es la situación de algunas menores que, según se señala durante la conversación, habrían permanecido bajo la atención de vecinos en determinados momentos.

León considera que esta circunstancia no debería producirse.

“No tienen que estar custodiadas por vecinos, tienen que estar custodiadas por la Ciudad Autónoma de Ceuta”, afirma.

Su propuesta pasa por acelerar la filiación de las personas llegadas, completar los expedientes correspondientes y mantener a los menores bajo tutela institucional mientras se determina la solución adecuada para cada uno.

Reclaman acelerar la reunificación con las familias

León rechaza además que necesariamente haya que esperar uno o dos meses para resolver los expedientes.

Considera que, con suficiente personal y recursos, los trámites podrían realizarse mucho más rápidamente.

El objetivo, explica, debería ser que los menores estén correctamente custodiados mientras se agilizan los procedimientos de filiación y, cuando sea posible y legalmente procedente, su reunificación familiar.

“El menor no puede estar en la calle, ni los vecinos son los que se tienen que hacer cargo”, sostiene.

Ceuta asegura que ha pedido más medios al Gobierno

La capacidad administrativa para afrontar centenares de expedientes constituye precisamente otro de los problemas.

Durante la entrevista se pregunta si Ceuta dispone de jueces, personal, instalaciones y medios logísticos suficientes para gestionar la situación.

León asegura que se han solicitado al Gobierno central todos los recursos necesarios para agilizar los trámites, pero afirma que todavía están esperando parte de esos refuerzos.

“El Gobierno ha dicho que va a enviar más personas, pero de momento no ha enviado más personas”, señala.

Sin respuesta a la petición de declarar la emergencia nacional

La entrevista aborda también una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se solicitaba adoptar medidas extraordinarias ante la situación de Ceuta.

Según León, entre las propuestas figuraban la declaración del estado de alarma y de la emergencia nacional, una petición que asegura haber planteado después de mantener contactos con representantes sanitarios de la ciudad.

El representante ceutí afirma que no han recibido respuesta a esa carta.

León interpreta ese silencio como una “dejación” y un “abandono hacia Ceuta”, aunque insiste en que la prioridad debe ser encontrar soluciones.

Tres semanas después, Ceuta reclama una respuesta más rápida

El conflicto sobre los 500 menores refleja las dificultades administrativas y políticas surgidas después de la llegada masiva de personas a Ceuta.

Por un lado, el Gobierno central plantea trasladar menores a la Península para aliviar la presión existente en la ciudad. Por otro, desde Ceuta se reclama que cualquier movimiento se realice con expedientes individualizados, coordinación entre administraciones y respeto a las competencias de tutela.

Mientras se resuelve esa discrepancia, la reclamación inmediata de los representantes ceutíes pasa por aumentar los recursos humanos y administrativos, garantizar que todos los menores estén bajo protección institucional y acelerar los procedimientos necesarios para determinar individualmente cuál debe ser la solución para cada uno.