Claves del nuevo sistema de financiación autonómica planteado por el Gobierno

La reforma presentada por el Ministerio de Hacienda redefine el reparto de recursos entre comunidades con nuevos criterios de población, mayor cesión fiscal y refuerzos a la solidaridad interterritorial.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que aspira a simplificar el modelo vigente, aumentar la autonomía fiscal de las comunidades y corregir los desequilibrios históricos entre territorios. El nuevo esquema afectaría a todas las comunidades de régimen común y deja fuera, como hasta ahora, a País Vasco y Navarra.

La iniciativa, presentada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, introduce cambios estructurales en la forma de calcular los recursos disponibles y en los mecanismos de nivelación entre autonomías, con el objetivo declarado de reforzar la suficiencia financiera de los servicios públicos esenciales.

Nuevos principios del modelo

El Ejecutivo articula la reforma sobre una serie de principios generales. Entre ellos destacan el refuerzo de la autonomía tributaria, la garantía de que ninguna comunidad pierda recursos respecto al modelo anterior y una mayor transparencia en los mecanismos de solidaridad interterritorial.

El sistema incorpora además un fondo específico vinculado al impacto del cambio climático y establece aportaciones adicionales del Estado para mejorar la financiación de la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Una nueva población ajustada

Uno de los pilares del modelo es la revisión del concepto de población ajustada, que determina las necesidades reales de gasto de cada comunidad. El cálculo incorpora variables demográficas, sociales y territoriales que influyen directamente en el coste de los servicios públicos.

Se mantiene el peso de la población empadronada, pero se afina el cálculo del gasto sanitario mediante una segmentación más detallada por tramos de edad. En educación, se amplía el foco más allá de la enseñanza obligatoria e incluye a estudiantes universitarios desplazados entre comunidades.

Los servicios sociales se vinculan de forma más precisa al envejecimiento de la población y a la situación de exclusión social, incorporando como novedad el número de personas desempleadas sin prestación.

Despoblación y costes territoriales

El modelo reconoce de forma expresa los sobrecostes derivados de la baja densidad de población. Para ello se incluyen factores como la superficie, la dispersión geográfica, la insularidad y un nuevo criterio de costes fijos, pensado para territorios con dificultades para alcanzar economías de escala.

Más cesión de impuestos

La propuesta eleva la capacidad tributaria de las comunidades autónomas mediante una mayor cesión de impuestos estatales. El porcentaje de IRPF cedido aumentaría hasta el 55%, mientras que el IVA alcanzaría el 56,5%.

Además, se incorporan al sistema tributos como el impuesto sobre el Patrimonio, los depósitos bancarios, el juego o el vertido de residuos, lo que supondría un incremento global de recursos superior a los 15.700 millones de euros en el horizonte de 2027.

Solidaridad horizontal y vertical

El modelo establece un mecanismo de nivelación horizontal para garantizar que todas las comunidades alcancen al menos el 75% de la media de recursos por habitante ajustado. Las regiones con mayor capacidad aportarían parte de su excedente a un fondo común.

A ello se suma una nivelación vertical, financiada por el Estado, con una aportación inicial de 3.000 millones de euros destinada a reducir las diferencias entre las comunidades con mayor y menor financiación.

Fondos específicos y mecanismos complementarios

Entre los elementos adicionales destaca un fondo climático dotado con alrededor de 1.000 millones de euros, con especial incidencia en el litoral mediterráneo. También se crea un mecanismo ligado al IVA generado por pymes, que permitirá a las comunidades beneficiarse del dinamismo económico de su territorio.

El sistema incorpora asimismo una cláusula de garantía para asegurar que ninguna comunidad reciba menos recursos en el arranque del nuevo modelo, así como un refuerzo del Fondo de Compensación Interterritorial para inversiones en las regiones con menor financiación relativa.

La propuesta abre ahora un proceso de negociación política y técnica con las comunidades autónomas, del que dependerá su desarrollo definitivo y su calendario de aplicación.

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