El Gobierno central pondrá en marcha un plan de reubicación urgente de 3.000 menores no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. La Comunitat Valenciana será la tercera autonomía que más menores acogerá.

La próxima semana marcará un punto de inflexión en la gestión de los menores migrantes no acompañados en España. El Consejo de Ministros aprobará este martes un decreto que regulará oficialmente el reparto de plazas de acogida entre las comunidades autónomas, con el objetivo de aliviar la presión que soportan los territorios fronterizos como Canarias, Ceuta y Melilla.

La medida, impulsada por el Gobierno central y respaldada por el Ejecutivo canario, llega tras meses de bloqueo político y fuertes discrepancias entre partidos. Finalmente, la iniciativa ha salido adelante gracias al acuerdo alcanzado en el Congreso con varios grupos, entre ellos Junts, lo que permitió incluir la reforma en la Ley de Extranjería, aprobada en marzo y ratificada en abril.

¿En qué consiste el plan?

El plan contempla la reubicación de aproximadamente 3.000 menores en el plazo de un año. A partir de septiembre, todos los niños y adolescentes que lleguen a los territorios que ya han triplicado su capacidad de acogida deberán ser trasladados en un máximo de 15 días a otras comunidades autónomas.

Este mecanismo de redistribución se articula a través de dos decretos clave:

• Uno, aprobado el pasado 22 de julio, que regula el protocolo de traslado.
• Otro, que se aprobará esta semana, y que define la capacidad ordinaria de acogida que se asigna a cada comunidad autónoma.

Además, el Gobierno declarará la situación de contingencia migratoria en los territorios desbordados, como Canarias y Ceuta, para habilitar de forma legal el traslado inmediato de los menores a otras regiones.

¿Qué comunidades acogerán a más menores?

Según el documento preliminar del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las autonomías que más menores recibirán son:

• Andalucía: 677 menores
• Madrid: 647
• Comunitat Valenciana: 571

A estas tres comunidades les seguirán Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Región de Murcia (133), Navarra (118) y Baleares (49).

Cataluña y el País Vasco quedarán fuera del reparto obligatorio, debido a su alto grado de implicación en acogidas anteriores. Sin embargo, el Govern catalán ya ha anunciado que acogerá voluntariamente a 31 menores, como en años anteriores.

Un presupuesto de 100 millones de euros

El plan cuenta con una dotación presupuestaria de 100 millones de euros para este 2025, destinados a cubrir los gastos de traslado y los tres primeros meses de atención de los menores.

Además, se establecerán compensaciones económicas para las comunidades que ya están sobreocupadas o que han mostrado una mayor implicación en la acogida. Según las previsiones iniciales:

• Canarias recibirá 24,2 millones de euros
• Madrid, 15,8 millones
• Andalucía, 8,8 millones
• La Comunitat Valenciana, 7,45 millones

El rechazo del PP y los recursos judiciales

La medida no está exenta de polémica. Hasta diez comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, alegando que el reparto vulnera competencias autonómicas y que no se han tenido en cuenta los recursos disponibles en cada territorio.

Incluso Castilla-La Mancha, con un gobierno socialista, se ha sumado al recurso, alegando falta de recursos y medios.

Además, Madrid y Baleares han presentado recursos ante el Tribunal Supremo contra los decretos que regulan el reparto. El Ejecutivo balear ha solicitado, incluso, la suspensión cautelar del sistema.

Pese a ello, el Gobierno central ha recordado que la ley está en vigor y debe cumplirse mientras no haya una resolución judicial que la suspenda.

La situación en la Comunitat Valenciana

Con 571 menores asignados, la Comunitat Valenciana se convierte en la tercera autonomía con mayor responsabilidad en esta reubicación. Desde la Conselleria de Servicios Sociales se ha advertido que el coste real de atender a estos menores podría ascender a 45,5 millones de euros, muy por encima de los 7,4 millones previstos por el Estado para esta región.

La vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, ha criticado públicamente que “el Estado impone sin consensuar” y ha insistido en que la Comunitat Valenciana “ha demostrado una gran capacidad de acogida y solidaridad, pero no puede asumir sola el coste total de este esfuerzo”.

¿Por qué es necesaria esta medida?

El sistema de acogida en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla está al límite. En algunos centros se ha triplicado la capacidad habitual. El objetivo de este mecanismo de reparto es garantizar una atención digna, segura y estable a todos los menores no acompañados, que en su mayoría llegan en situación de extrema vulnerabilidad.

Según datos del Ministerio, el 85 % de los menores acogidos son varones, la mayoría de entre 14 y 17 años, procedentes principalmente de Marruecos, Malí, Senegal y Guinea Conakry.

Conclusión

La reubicación de menores migrantes no acompañados es uno de los retos sociales más complejos que afronta actualmente el Estado español. Entre la necesidad de garantizar derechos, el deber de repartir cargas y el debate sobre competencias autonómicas, la iniciativa busca responder a una emergencia que ya no puede esperar más.

Mientras el Gobierno insiste en que la solidaridad interterritorial es clave, varios gobiernos autonómicos anuncian batalla legal. Lo único indiscutible es que, mientras los menores sigan llegando, el sistema necesitará más coordinación, más medios y, sobre todo, más humanidad.