5 de julio de 2025
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Compromís acusa a Catalá de usar fondos públicos para atraer nómadas digitales y encarecer la vivienda

Compromís ha lanzado una crítica hacia la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, acusándola de utilizar fondos públicos para atraer a nómadas digitales, lo que según informes municipales y académicos, está vinculado al aumento de los precios de la vivienda en la ciudad. Ferran Puchades, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, ha señalado que la fundación municipal Las Naves ha licitado un contrato valorado en 112.400 euros para establecer una oficina de atención a nómadas digitales. Este servicio, diseñado para durar inicialmente 12 meses y con posibilidad de prórroga, busca incrementar la visibilidad internacional de Valencia como destino de nómadas digitales, ofreciéndoles servicios personalizados en alojamiento, movilidad y trabajo compartido.

Puchades ha manifestado su asombro ante esta iniciativa, indicando que durante años se ha publicitado a Valencia como un excelente lugar para residir, lo que ha fomentado la llegada de nómadas digitales y aumentado la presión turística. Además, ha subrayado que informes del propio Ayuntamiento, en el contexto de una moratoria de licencias a apartamentos turísticos, ya habían alertado sobre la relación entre la llegada de estos profesionales, que pueden afrontar alquileres elevados, y el incremento de los precios de la vivienda, dificultando el acceso para los residentes locales.

El concejal ha criticado a la alcaldesa por, aparentemente, enviar señales contradictorias a los valencianos, prometiendo mejorar el acceso a la vivienda mientras utiliza fondos públicos para facilitar el asentamiento de nómadas digitales. Asimismo, Puchades ha expresado su preocupación por la rapidez con la que el gobierno municipal gestiona licencias para espacios de ‘coworking’ y ‘coliving’, dirigidos a este tipo de profesionales.

Por su parte, tanto la concejala de Innovación, Turismo y Captación de Inversiones en Valencia, Paula Llobet, como Catalá, han sido acusadas de promover un lucrativo negocio impulsado por fondos de inversión, sin garantizar una solución para la especulación y el acaparamiento del mercado del alquiler en detrimento de la población residente.

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