Compromís celebra que el Gobierno rectifique y permita el uso del superávit por parte de los ayuntamientos, aunque considera que la reforma es insuficiente.
Compromís ha celebrado hoy la aprobación del decreto ley mediante el cual el Gobierno finalmente autoriza a los ayuntamientos a destinar su superávit a inversiones financieramente sostenibles. Para la coalición, esta corrección supone “un paso en la buena dirección” después de años de restricciones que han impedido a los consistorios utilizar los recursos generados gracias a su buena gestión.
La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, en una rueda de prensa en Valencia junto a la portavoz en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, ha destacado que “los ayuntamientos son la administración más cercana a la ciudadanía y la que trabaja diariamente en la vida cotidiana de la gente. Era imprescindible que los consistorios saneados pudieran invertir su superávit en proyectos que mejoren la vida en nuestros pueblos y ciudades”.
Micó ha subrayado que estas inversiones “no afectan el gasto corriente y permiten ejecutar proyectos necesarios que estaban paralizados por una normativa injusta”. La diputada recordó que Compromís lleva años reclamando esta flexibilidad y que la decisión del Gobierno “corrige una postura que había limitado la acción política de las administraciones públicas que no son la central”.
Por su parte, la portavoz de Compromís en la Diputación de Valencia, Dolors Gimeno, ha explicado que Compromís defiende, en primer lugar, una reforma profunda de la Ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos puedan utilizar libremente sus remanentes de tesorería, sin la obligación de destinarlos casi exclusivamente a amortizar deuda. “Si un ayuntamiento ha hecho los deberes y tiene superávit, debe poder destinarlo a reforzar servicios sociales, vivienda, transición ecológica o proyectos estratégicos para su municipio, y no quedar atrapado por una regla de gasto obsoleta”, señaló.
Gimeno también destacó la importancia de “más libertad, pero también más transparencia y rendición de cuentas”. Esto implica, según detalló, establecer mecanismos estables para que el uso de los ahorros de los ayuntamientos esté siempre ligado a planes públicos de inversión, priorizando servicios esenciales y con una fiscalización clara para que la ciudadanía sepa en qué se invierte. Según la portavoz, “así se garantiza que cada euro de superávit se traduzca en más cohesión social y mejor calidad de vida en nuestros municipios”.
Sin embargo, los miembros de Compromís advierten que esta rectificación del Gobierno del Estado “se queda corta” si no va acompañada de un cambio en la distribución de la capacidad de endeudamiento entre administraciones. Micó ha insistido en que “no tiene sentido que el Gobierno central se quede con el 90% de la capacidad de endeudamiento cuando son las comunidades autónomas las que sostienen el estado del bienestar y gestionan los servicios públicos esenciales”.
Compromís defiende que la senda del déficit debe modificarse para permitir que las autonomías dispongan de la capacidad de endeudamiento necesaria. “Nuestra propuesta era que, de media, alrededor del 60% del endeudamiento correspondiera a las comunidades autónomas. En el caso de los territorios infrafinanciados, como el País Valenciano, reclamábamos que este porcentaje alcanzara el 90%. No podemos seguir aceptando un sistema que perpetúa desigualdades”, afirmó Micó.
La diputada valenciana reiteró que continuará reclamando la reforma del sistema de financiación autonómica que garantice el equilibrio y permita a todas las comunidades atender adecuadamente sus competencias. “No vale que vuelvan a presentar el mismo decreto esta semana; si la ministra Montero y el Gobierno quieren nuestro apoyo, tendrán que cambiar la senda del déficit y aumentar la capacidad de endeudamiento disponible para las autonomías”, concluyó Micó.
