Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, ha declarado en un encuentro con los medios en Castellón que su partido apoyará la senda de déficit del Gobierno central únicamente si se incrementa la capacidad de endeudamiento de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Micó explicó que Compromís ejerce un papel de “presión” en el Congreso para defender los intereses valencianos y garantizar los servicios públicos.
La diputada criticó la postura de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del Gobierno central, señalando que su enfoque para proteger los servicios públicos no es adecuado. Según Micó, Compromís se opuso en el Congreso a los objetivos de déficit propuestos, argumentando que el Gobierno central acapara el 90% de la capacidad de endeudamiento, mientras que municipios y comunidades son los responsables de ejecutar dichos servicios públicos.
Micó propuso un objetivo de déficit “asimétrico”, enfatizando que comunidades como la Comunitat Valenciana, que está infrafinanciada, requieren una acción gubernamental positiva. Destacó la necesidad de reformar el sistema de financiación y abordar la condonación de la deuda injusta que, en su opinión, afecta a los valencianos debido a una gestión central deficiente.
La diputada también expresó su satisfacción por la aprobación de las inversiones financieramente sostenibles para ayuntamientos y comunidades autónomas, pero señaló que Compromís no respaldará los objetivos de déficit mientras no se reconozca la importancia de las administraciones autonómicas y locales. Instó a los diputados valencianos de PP y PSOE a unirse a Compromís en la lucha por una financiación justa para garantizar servicios de calidad como vivienda, sanidad, educación y servicios sociales.
Para Micó, los objetivos de déficit deben ser asimétricos, aumentando la capacidad de endeudamiento de ayuntamientos y comunidades, insistiendo en que el centralismo administrativo es contrario a lo que establece la Constitución española sobre el estado de las autonomías. Propuso que cerca del 60% del endeudamiento recaiga en las comunidades autónomas, y en el caso de territorios como la Comunitat Valenciana, que esa cifra alcance el 90%. Finalmente, demandó un aumento significativo en la capacidad de endeudamiento para asegurar la prestación adecuada de servicios públicos.
