17 de diciembre de 2025
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Compromís denuncia que un cuarto de las multas impagas en Castelló son de un concejal del PP

Compromís denuncia que el 25% de las multas sin cobrar en 2023 en Castelló pertenecían a un concejal del PP

Castellón, 8 de diciembre. Compromís per Castelló ha denunciado que más del 25% de las multas que el Ayuntamiento de Castelló no logró cobrar en 2023 correspondían al concejal del PP Cristian Ramírez. Según la coalición, Ramírez acumuló 104 sanciones sin pagar mientras era responsable del área de Movilidad, un hecho que exigen sea aclarado por la alcaldesa.

Ignasi Garcia, portavoz de Compromís, ha manifestado que resulta urgente que la alcaldesa deje de proteger al concejal y explique cómo es posible que se hayan eliminado 104 multas. Garcia destacó que es inusual que una persona se libre de pagar tantas sanciones, lo cual requiere una investigación inmediata.

Compromís ha recordado que estas multas no aparecen en el registro general de multas impagadas de 2023, aunque representan aproximadamente el 27% del total, lo que subraya la necesidad de aclarar la situación en el Ayuntamiento. Por ello, la coalición presentará una moción en el próximo pleno municipal para revisar los procedimientos y prevenir casos similares en el futuro.

Garcia también ha declarado que la alcaldesa Carrasco no puede ignorar el asunto, ya que no es aceptable que algunos, por pertenecer al PP, eludan las multas sin consecuencias.

Paralelamente, Compromís ha señalado que las cifras oficiales reflejan un aumento de multas no recaudadas en un año. En 2023 quedaron pendientes 286 sanciones, cifra que en 2024 superó las 900. La coalición opina que esta tendencia justifica una revisión interna del gobierno municipal.

Además, el grupo político ha destacado que los recibos pendientes del IBI urbano en período voluntario han aumentado, pasando de 11.509 en 2024 a 13.763 en 2025, lo que representa un incremento del 19,5% en un año.

Compromís considera que estos datos evidencian problemas de gestión que el Ayuntamiento debe abordar. La coalición apunta que es responsabilidad del gobierno municipal mejorar los procedimientos para garantizar su eficacia, especialmente en asuntos que impactan directamente en la ciudadanía.

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