Ferran Puchades denuncia subidas de hasta el 35% en algunas zonas y propone una bolsa de locales e incentivos fiscales, aunque documentación municipal señala que el Ayuntamiento no tiene competencias para fijar límites al alquiler de locales comerciales

Compromís ha llevado al Ayuntamiento de Valencia una propuesta para intentar contener el precio de los alquileres de los bajos comerciales ante lo que considera una creciente amenaza para el comercio tradicional. El concejal Ferran Puchades ha presentado ante la Comisión de Patrimonio una iniciativa para “controlar” y “limitar” estos alquileres, después de que la coalición cifre en hasta un 35% los incrementos registrados en determinadas zonas céntricas y barrios sometidos a procesos de gentrificación.

La propuesta abre, sin embargo, una cuestión jurídica relevante: el propio Ayuntamiento ya ha señalado en documentación municipal que no dispone de competencias para establecer directamente un límite al precio de los alquileres de locales comerciales, al tratarse de arrendamientos para uso distinto de vivienda sujetos fundamentalmente a lo que pacten propietario e inquilino.

Compromís alerta del cierre de comercios históricos

Puchades sostiene que el aumento de los alquileres está haciendo inviable la continuidad de determinados establecimientos tradicionales y vincula parte de esta presión a la llegada de inversores dispuestos a pagar precios más elevados por los locales.

El concejal afirma que cada comercio que desaparece supone una pérdida para la estructura económica y social de los barrios y reclama al gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá nuevas medidas de protección para los negocios de proximidad. Estas valoraciones corresponden a Compromís.

La coalición plantea el problema especialmente en aquellas zonas donde considera que la actividad comercial tradicional está siendo desplazada por usos vinculados al turismo.

¿Puede realmente el Ayuntamiento limitar los alquileres?

Este es uno de los puntos fundamentales de la propuesta.

En documentación oficial municipal relacionada con el debate sobre los usos de los bajos comerciales, el Ayuntamiento sostiene expresamente que no tiene competencia para regular o limitar el precio del alquiler de locales comerciales.

La explicación municipal se apoya en que los arrendamientos para usos distintos de vivienda se rigen principalmente por la voluntad de las partes conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos, por lo que no existe actualmente para los locales comerciales un sistema equivalente al establecido para determinados alquileres de vivienda.

Esto significa que una eventual actuación municipal tendría que concretar qué instrumento jurídico pretende utilizar Compromís para conseguir ese control de precios o si la propuesta requiere cambios normativos por parte de otra administración.

Compromís denuncia que quedaron 1,3 millones sin adjudicar

La iniciativa incluye además críticas a la gestión de las ayudas municipales al comercio.

Puchades asegura que algunas convocatorias han necesitado cerca de once meses para resolverse y sostiene que aproximadamente 1,3 millones de euros previstos para el sector quedaron sin adjudicar.

Según la versión difundida por Compromís, alrededor de 700.000 euros habrían acabado destinados a otras partidas relacionadas con Fallas y Deportes. La coalición reclama que los remanentes procedentes de las ayudas al comercio no puedan utilizarse con otras finalidades.

Estas cifras forman parte de la denuncia política realizada por Compromís; la información difundida este domingo no incorpora una respuesta del gobierno municipal a esas cantidades concretas.

Propone que el dinero sobrante vuelva al comercio

Puchades plantea que cualquier cantidad que no pueda adjudicarse inicialmente dentro de las convocatorias comerciales permanezca reservada para el propio sector.

Entre los posibles destinos señala programas de modernización de establecimientos, digitalización y ampliación del Bono Comercio.

El Ayuntamiento dispone actualmente de una convocatoria de ayudas para inversiones en el comercio local destinada precisamente a modernización, renovación de infraestructuras y equipamientos, digitalización, innovación tecnológica y eficiencia energética.

Además, el gobierno municipal mantiene en marcha el Bono Comercio 2026. La información oficial publicada este mes señala que se emitieron 46.041 bonos y que el número de solicitudes iniciales coincidió con el número de vales disponibles, por lo que todas las personas inscritas inicialmente resultaron beneficiarias. Los bonos que no fueran adquiridos dentro del primer plazo volverían a ponerse a disposición de los ciudadanos.

Estas medidas municipales no responden específicamente a la propuesta presentada ahora por Compromís, pero forman parte de las actuaciones que actualmente desarrolla el Ayuntamiento para apoyar al comercio local.

Una bolsa municipal de locales comerciales

La propuesta de Compromís no se limita al precio del alquiler.

Puchades plantea también crear una bolsa de locales comerciales que facilite el encuentro entre propietarios y emprendedores interesados en instalar nuevos negocios.

La coalición propone acompañarla de incentivos fiscales destinados especialmente a facilitar el traspaso de negocios históricos a jóvenes emprendedores y evitar que los establecimientos tradicionales desaparezcan cuando sus propietarios se jubilan o abandonan la actividad.

El debate sobre los bajos comerciales

La utilización de los locales a pie de calle ya ha generado otros debates dentro del Ayuntamiento.

Documentación municipal anterior señala que el gobierno local estaba tramitando una regulación de determinados usos hoteleros en plantas bajas, estableciendo límites respecto al número total de locales de cada manzana con el objetivo declarado de preservar la presencia de comercios tradicionales.

La propuesta presentada ahora por Compromís introduce un elemento diferente: el coste que deben afrontar los comerciantes para poder ocupar esos locales.

La discusión que llegará a la Comisión municipal tendrá así dos vertientes. Por un lado, la situación económica del pequeño comercio y el efecto que puedan tener los alquileres sobre su continuidad; por otro, hasta dónde llegan realmente las competencias municipales para intervenir en contratos privados de alquiler comercial.

Compromís deberá concretar ahora cómo pretende aplicar una limitación que, según documentación del propio Ayuntamiento, no puede ser establecida directamente por el consistorio con la legislación actual.