Jordi Arias, conocido como “Lupin” y considerado el mayor ciberestafador de España, ha sido condenado por la Audiencia Nacional tras estafar 667.466 euros a 732 personas mediante un sofisticado entramado de páginas web falsas que simulaban ser comercios reales de internet.
La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Requena, comenzó tras las primeras denuncias presentadas por víctimas valencianas y acabó destapando una de las mayores tramas de fraude online descubiertas en España.
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Una red que operó por toda España
Según la sentencia, Jordi Arias dirigió entre 2018 y 2019 una organización dedicada a cometer estafas masivas por internet.
Con la colaboración de otros tres acusados, creaban páginas web prácticamente idénticas a las de conocidas tiendas de electrónica, videojuegos y electrodomésticos. Los compradores realizaban el pago mediante transferencia, Bizum o tarjeta bancaria, pero los productos nunca llegaban a su destino.
Además de las falsas tiendas online, la organización también utilizaba la suplantación de identidad para abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas y solicitar préstamos que posteriormente empleaban para continuar con las estafas.
Más de 700 víctimas y 667.000 euros defraudados
La Audiencia Nacional considera probado que la red consiguió estafar 667.466 euros a 732 perjudicados repartidos por toda España.
En la Comunitat Valenciana se contabilizaron alrededor de 122 operaciones fraudulentas, con un perjuicio económico cercano a 55.000 euros.
Entre los municipios afectados figuran:
- Valencia
- Xàtiva
- Alboraia
- Paterna
- Albuixech
- Alicante
- Elche
- Torrevieja
- Alcoi
- Callosa de Segura
- Mutxamel
- Castellón
- Vila-real
- Vinaròs
Los productos más utilizados para captar víctimas eran teléfonos móviles, ordenadores, videoconsolas, equipos de sonido y aparatos de aire acondicionado.
También vaciaban cuentas bancarias
La organización no solo realizaba falsas ventas por internet.
Según recoge la resolución judicial, también conseguían las credenciales bancarias de algunas víctimas para acceder a sus cuentas, contratar préstamos a su nombre y realizar importantes transferencias.
Entre los casos más graves aparece el de una mujer a la que llegaron a estafar 72.000 euros, después de contratar un préstamo de 60.000 euros a su nombre y sustraer otros 12.000 euros de su cuenta bancaria.
Una condena muy inferior a la solicitada
Aunque la Fiscalía solicitaba inicialmente ocho años de prisión por estafa hiperagravada y pertenencia a organización criminal, el procedimiento terminó con un acuerdo de conformidad.
Finalmente, Jordi Arias ha sido condenado a:
- 2 años y 8 meses de prisión por un delito continuado de estafa.
- 1.440 euros de multa.
- Cinco años de inhabilitación especial para ejercer el comercio por internet.
- Obligación de indemnizar, junto al resto de condenados, a todas las víctimas.
Los otros tres acusados han recibido penas de entre un año y medio y dos años de prisión, además de multas e inhabilitación para desarrollar actividades comerciales por internet durante tres años.
Una investigación iniciada en Requena
La operación fue desarrollada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la coordinación del juzgado de Requena, donde se presentaron las primeras denuncias.
Posteriormente se unió otra investigación dirigida por un juzgado de Calatayud y desarrollada por la Policía Nacional, relacionada con otros 660 fraudes similares valorados en 551.000 euros, mediante compras falsas, extracción de dinero en cajeros y fraudes en banca online.
La sentencia pone fin, siete años después, a una de las investigaciones más importantes sobre ciberestafas realizadas en España, aunque todavía queda pendiente la recuperación del dinero para cientos de afectados repartidos por todo el país.
