El Consell gasta un millón de euros de los funcionarios en su Agencia Tributaria

Ya lo dijo el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, recientemente: «se hará todo lo que se pueda para que la Agencia Tributaria Valenciana se pueda crear antes de que finalice la legislatura». Y lo está cumpliendo.

La Conselleria de Soler puso ayer encima de la Mesa General de Función Pública una propuesta en la que, de los 9,8 millones de euros destinados a los funcionarios de la Generalitat valenciana (Sanidad, Justicia, Educación y Función Pública), solo 4,7 acabarán en los bolsillos de estos trabajadores, mientras que otros 4,7 irán para las empresas públicas de la Generalitat. Pero además, de la cantidad que se dirige a los funcionarios, 990.000 euros se gastarán en la creación de un cuerpo especial de inspectores para el Instituto Valenciano de la Administración Tributaria, es decir, lo que el Consell pretende que se convierta en la nueva Agencia Tributaria Valenciana.

En la propuesta inicial de la Conselleria de Hacienda, esta plantilla figuraba en las empresas públicas, de manera que el reparto era de 5,9 millones para este sector y el resto para los funcionarios. Finalmente, el Departamento de Soler incluyó a los inspectores como personal de la Generalitat, por lo que las cantidades se equilibraron, pero de manera ficticia, puesto que realmente solo 4,9 millones son para los trabajadores de Educación, Sanidad, Justicia y Función Pública.

De esta manera, tal y como avanzó ayer LA RAZÓN, el Consell pretende destinar dinero finalista, pactado con el Gobierno central, para los funcionarios, a las empresas públicas de la Generalitat que, por cierto, ya incrementan un 11,15 por ciento su presupuesto en las cuentas del año que viene.

Aunque los sindicatos presentes ayer en la Mesa (CCOO, UGT, Intersindical y CSIF) se opusieron de manera frontal a esta propuesta, el Consell la aprobará hoy en su reunión semanal. «Es obligado que haya una negociación, pero no acuerdo», apuntaron ayer fuentes de la Conselleria de Justicia, cuya responsable, Gabriela Bravo, preside esta Mesa.

Desde Hacienda, además, añadieron que la propuesta cuenta con un informe de la Abogacía de la Generalitat que la avala.

Desde los sindicatos avanzaron que en caso de que finalmente salga adelante la medida, se tomarán las medidas correspondientes. Desde CCOO subrayaron que «esto no se trata de una guerra contra las empresas públicas, pero ellas han de tener sus propios espacios de mejora, y no puede ser con el dinero de los funcionarios». Subrayaron que este fondo no puede usarse para incrementar la plantilla de las empresas públicas.
 

 

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