Control financiero a la Generalitat Catalana tras detectar un desvío de 6.150 euros que podrían estar destinados al referéndum

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones.El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro (i), recibe al vicepresidente y conseller económico de la Generalitat, Oriol Junqueras. 

 Según EFE el Gobierno ha decidido aumentar su control sobre las cuentas de la Generalitat y verificarlas semanalmente después de detectar un desvío de 6.150 euros que podrían estar destinados a la preparación del referéndum del 1 de octubre, según han confirmado a Efe fuentes del Ejecutivo.

Una partida sobre la que el Ministerio de Hacienda y Función Pública reclamó más explicaciones a la Intervención General de la Generalitat, que no se le han facilitado.

Por eso, el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha remitido esta semana una carta a la interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal Planella, avisando de que, según el Tribunal Constitucional, destinar dinero público a preparar ese referéndum es inconstitucional.

Control semanal de gastos

Desde finales de 2015, la Generalitat está obligada a presentar certificaciones mensuales de sus gastos y fue precisamente en la última de esas certificaciones, remitida el 13 de julio, cuando se detectó el desvío de 6.150 euros.

Este viernes, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, en una reunión presidida por Mariano Rajoy, ha acordado que se le remitan semanalmente los gastos del gobierno catalán.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández Moya, ha detallado a los periodistas en Sevilla el acuerdo adoptado por dicha comisión,  que pretende “reforzar” el control económico y financiero sobre el Presupuesto catalán para hacer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y “para que ni un solo euro se destine a un referéndum ilegal”.

Este acuerdo, que se publica este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), complementa al de 2015 para garantizar que el Gobierno de Cataluña prestaría servicios en favor del interés general, ya que el Ejecutivo central considera que los acontecimientos que se han producido últimamente necesitaban que se aumentara el control.

Los interventores de las consejerías, los responsables económico-financieros de las entidades donde no haya intervención, el director general de Presupuestos y el de Política Financiera, Seguros y Tesoro, serán quienes deban enviar ese certificado.

El primer certificado, del 17 al 23 de julio, se deberá remitir a Hacienda el 28 de julio, fecha límite también para enviar un listado de los órganos y entidades que conforman el sector público catalán, así como los nombres y máximos responsables de los mismos. Además, el 9 de agosto se deberá remitir una certificación complementaria sobre los gastos del 1 de enero al 16 de julio.

El Ministerio de Hacienda será el encargado de verificar que se cumple esta exigencia, aunque si de la información obtenida se concluyera que se ha procedido a la financiación del referéndum “se dará traslado a las autoridades competentes de la comunidad para la exigencia de las responsabilidades disciplinarias que correspondan”, ha explicado Fernández de Moya.

El ministro, Cristóbal Montoro, será el encargado de elevar las conclusiones a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos para que se determinaran las medidas a adoptar. El incumplimiento también se produciría si no se enviara la información en los plazos marcados, si no se enviara lo que se está requiriendo o si directamente no se facilita.

El secretario de Estado ha advertido de que se estudiarían las responsabilidades administrativas u otras que se deriven de lo que el Gobierno pudiera poner en conocimiento de la Fiscalía. Ha manifestado que el Gobierno ha tenido en cuenta la “escalada” de declaraciones de los dirigentes públicos catalanes, en lo que se considera un “claro desafío” al Estado de derecho.

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