Damnificados de la DANA rechazan reunión con Pérez Llorca

La Asociación de Damnificados por la DANA en Horta Sud expresa su desconfianza hacia el proceso de expropiaciones

La Asociación de Damnificados por la DANA de Horta Sud (Valencia) ha rechazado formalmente la invitación a reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pérez Llorca, exponiendo una profunda desconfianza hacia el proceso administrativo que se ha llevado a cabo tras la riada provocada por la DANA de septiembre de 2023.

Desde la asociación denuncian una falta de transparencia, diálogo real y soluciones viables por parte de las instituciones, especialmente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y consideran que la invitación a reunirse carece de propósito efectivo.

Antecedentes del conflicto: las consecuencias de la DANA en la comarca

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que azotó la comarca valenciana de l’Horta Sud en septiembre de 2023, provocó importantes inundaciones que afectaron a infraestructuras, viviendas, comercios y terrenos agrícolas. Los municipios como Aldaia, Alaquàs, Torrent, Xirivella o Paiporta sufrieron niveles de agua sin precedentes que causaron pérdidas millonarias.

Tras la catástrofe, la CHJ anunció un Plan de Actuación Hidrológica que implicaba expropiaciones forzosas de terrenos situados en zonas inundables con el objetivo de evitar futuras crecidas del río. Sin embargo, este planteamiento desató la tensión con los vecinos de las áreas afectadas, especialmente en cuanto al valor de compensación propuesto y la escasa comunicación sobre el procedimiento.

Los vecinos reclaman soluciones más justas y participativas

El principal punto de fricción es que los damnificados por la DANA consideran que las decisiones se han tomado de forma unilateral, sin contemplar alternativas menos agresivas y sin valorar debidamente el impacto humano y económico que implica perder sus propiedades.

• Aseguran que no se les dio oportunidad de dialogar con técnicos independientes.
• Critican que los informes hayan sido elaborados sin participación ciudadana efectiva.
• Reclaman indemnizaciones justas y adaptadas a los valores de mercado actuales.

La asociación afirma sentirse ignorada constantemente en sus peticiones y señala que la única relación que las instituciones han permitido es de “imposición”, minimizando así la posibilidad de alcanzar una salida consensuada.

Motivos del rechazo a la reunión con Pérez Llorca

Pérez Llorca, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, manifestó su voluntad de celebrar un encuentro con representantes de la Asociación de Damnificados. Sin embargo, el colectivo ha rechazado reunirse debido a su desconfianza sobre la efectividad del encuentro.

A través de un comunicado, los integrantes de la asociación aseguran que no están dispuestos a participar en conversaciones “vacías de contenido”, que funcionan más como una herramienta de propaganda política que como una vía real para solucionar el conflicto.

• Critican que no se haya ofrecido un orden del día claro ni garantías de intervención real.
• Acusan al Gobierno de actuar con dilación y sin medidas compensatorias efectivas.
• Señalan que los procesos de expropiación han continuado sin diálogo efectivo, lo que reduce la credibilidad de la propuesta de reunión.

Para los miembros de la organización vecinal, este intento de reunión llega demasiado tarde como para generar algún tipo de impacto positivo o constructivo, considerándolo un “gesto de cara a la galería”.

El papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el conflicto

Buena parte de las críticas se focalizan en la Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo dependiente del Estado responsable de la gestión hídrica en la cuenca del Júcar. Según la asociación, la entidad ha mostrado opacidad en la elaboración del plan de actuación, y los procesos de audiencia pública han sido “una mera formalidad sin voluntad negociadora”.

Además, denuncian que muchos vecinos fueron notificados de la expropiación con escasas semanas de antelación, sin información clara sobre posibles vías de recurso ni asistencia legal gratuita.

Expropiaciones y abuso del procedimiento administrativo

Desde la asociación también advierten de que podrían darse situaciones de vulneración de derechos fundamentales, al no respetarse los principios de igualdad, participación ciudadana y defensa efectiva de los intereses privados. Sostienen que estas actuaciones podrían ser susceptibles de impugnación legal, y ya han anunciado que acudirán a instancias judiciales nacionales y europeas si no se alcanza una solución negociada.

Reivindicaciones actuales de la Asociación de Damnificados

El colectivo ha dejado clara su hoja de ruta y sus reivindicaciones inmediatas para resolver el conflicto:

• Paralización inmediata del proceso de expropiaciones hasta que se garantice una negociación real.
• Revisión técnica independiente de los informes que motivan las intervenciones hidráulicas.
• Valoraciones actualizadas y ajustadas al mercado para las compensaciones.
• Medidas alternativas no invasivas para evitar inundaciones, como tanques de tormentas o sistemas de drenaje urbano sostenible.
• Apertura de una mesa de diálogo institucional con presencia de vecinos, técnicos y juristas independientes.

Estas peticiones han sido trasladadas a las administraciones sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta concreta.

El impacto social y emocional entre los vecinos afectados

Detrás de este conflicto administrativo y técnico hay una realidad humana que afecta a más de 600 familias. Muchos de ellos viven desde hace generaciones en la zona inundable y temen perder no solo su vivienda, sino parte de su historia y entorno de vida.

La incertidumbre y las tensiones han desembocado en problemas de salud mental, alteraciones del estado de ánimo y sensación de injusticia profunda entre los afectados. Para muchos, el modo en que se está gestionando esta crisis no solo resulta ineficaz, sino una forma de agresión institucional que prioriza intereses técnicos y económicos por encima del tejido social.

Reacciones políticas y sociales

La situación ha generado también respuesta por parte de diferentes formaciones políticas locales. Algunos partidos de la oposición han solicitado que se reevalúe la necesidad de las expropiaciones, proponiendo soluciones técnicas menos invasivas a través de mociones en los ayuntamientos afectados.

También han surgido iniciativas de solidaridad entre vecinos, plataformas cívicas y ONG’s, que apoyan las reivindicaciones del colectivo afectado y piden que se escuchen sus voces antes de tomar medidas drásticas.

Pérez Llorca insiste en el diálogo, pero la desconfianza persiste

A pesar del rechazo, el delegado del Gobierno, Pérez Llorca, ha reiterado su disposición a abrir canales de comunicación y trabajar junto a la CHJ en una solución consensuada. No obstante, su planteamiento no ha disipado la sensación, por parte de los afectados, de que las decisiones ya han sido tomadas de antemano.

La situación sigue siendo de tensión y polarización, sin visos claros de una solución inmediata. Las próximas semanas serán decisivas para esclarecer si las reivindicaciones vecinales encuentran eco en las instituciones o si el conflicto se convierte en un nuevo símbolo de desconexión entre las administraciones públicas y la ciudadanía.

Conclusión: el futuro de l’Horta Sud ante el reto climático y urbano

Lo sucedido en l’Horta Sud no es un caso aislado. El impacto de fenómenos climáticos extremos como la DANA, junto a la expansión urbana y la falta de planificación hidráulica sostenible, plantea importantes desafíos a nivel técnico, legal y social.

El conflicto entre los vecinos damnificados y las instituciones refleja la necesidad urgente de repensar los modelos de desarrollo y gobernanza hídrica, con enfoque participativo y centrado en las personas. Mientras tanto, los habitantes de la comarca siguen luchando por