El debate sobre los malos resultados académicos vuelve a enfrentar al Estado y las autonomías: el Gobierno establece buena parte del marco educativo común, pero las comunidades gestionan y desarrollan el sistema en sus territorios

Cuando aparecen malos resultados educativos en España surge casi inmediatamente la misma discusión: ¿de quién es la responsabilidad?

¿Del Gobierno de España, que aprueba las leyes educativas?

¿O de las comunidades autónomas, que tienen transferidas amplias competencias en educación?

La respuesta jurídica no permite cargar toda la responsabilidad exclusivamente sobre uno de los dos.

La educación española es una competencia compartida.

La Ley Celaá sí es una ley estatal

La actual LOMLOE, conocida popularmente como Ley Celaá, fue aprobada por las Cortes Generales en 2020 y modificó la anterior Ley Orgánica de Educación.

Por tanto, cuando se habla de cuestiones como los principios generales del sistema, las enseñanzas mínimas, titulaciones o las condiciones básicas para garantizar determinados derechos educativos, el Estado tiene competencias fundamentales.

Pero eso no significa que el Ministerio de Educación gestione directamente todos los colegios españoles.

Las comunidades autónomas poseen amplias competencias de desarrollo y ejecución educativa: gestionan centros, profesorado y recursos y desarrollan parte del currículo dentro del marco estatal.

Por eso es demasiado sencillo afirmar:

«La educación es responsabilidad de las comunidades autónomas».

Pero también lo sería afirmar:

«Todo lo que ocurre en las aulas es responsabilidad del Gobierno central».

El propio Gobierno reaccionó a los malos resultados

El fragmento que has enviado recuerda además algo que efectivamente ocurrió.

El 21 de enero de 2024, Pedro Sánchez anunció un gran plan de refuerzo después de conocerse los malos resultados españoles en PISA.

España había registrado en PISA 2022 sus peores resultados históricos en matemáticas y prácticamente también en lectura.

Sánchez anunció entonces refuerzo precisamente en:

Matemáticas y comprensión lectora.

El Gobierno calculó inicialmente que alcanzaría a aproximadamente 4,7 millones de estudiantes y que movilizaría más de 500 millones de euros durante la legislatura.

La propuesta contemplaba tres grandes actuaciones: grupos más pequeños y más profesores, clases gratuitas de refuerzo fuera del horario lectivo y formación específica del profesorado.

Por tanto, esa parte de la intervención televisiva que has transcrito es correcta.

¿Y qué pasó con aquellos 500 millones?

Aquí está la actualización interesante para un artículo publicado ahora, en septiembre de 2026.

El programa sí llegó a ponerse en marcha.

El BOE confirma que hubo financiación estatal para el Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática en 2024, continuó en 2025 y vuelve a financiarse en 2026.

Este año el Gobierno ha aprobado 120,56 millones de euros exclusivamente para el programa de matemáticas.

Además hay otros 56,2 millones para competencia lectora.

Es decir, en 2026 tenemos:

120,6 millones → matemáticas

56,2 millones → comprensión lectora

176,8 millones → entre ambos programas

Y el dinero se distribuye territorialmente entre las comunidades autónomas.

Un ejemplo: la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana recibe en 2026:

14.744.633 euros

solamente para el programa estatal de refuerzo de matemáticas.

Andalucía recibe 26,32 millones; Cataluña, 15,05 millones; Madrid, 13,84 millones; Castilla-La Mancha, 7,66 millones y Galicia, 6,56 millones, entre otras.

Y aquí aparece precisamente la respuesta a la discusión televisiva.

El Ministerio pone el dinero y establece las condiciones generales del programa, pero son las comunidades autónomas las que deben ejecutarlo.

El acuerdo publicado en el BOE establece expresamente que las autonomías se comprometen a ejecutar la financiación recibida, realizar las contrataciones y licitaciones necesarias, seleccionar centros y desarrollar las actuaciones correspondientes.

Entonces, ¿quién responde si los resultados son malos?

Los dos niveles de Administración tienen responsabilidades, pero diferentes.

El Estado no puede desentenderse diciendo simplemente «Educación está transferida».

Establece legislación básica, determina elementos esenciales del sistema, financia programas nacionales, fija enseñanzas mínimas y dispone de competencias de evaluación y coordinación.

Pero una comunidad autónoma tampoco puede atribuir automáticamente cualquier mal resultado a la Ley Celaá.

Gestiona profesores, centros, organización educativa y recursos y desarrolla políticas propias dentro de sus competencias.

Por eso es perfectamente posible que, bajo una misma ley estatal, existan diferencias enormes entre comunidades.

Y eso es precisamente lo que muestra PISA

En PISA 2022 las diferencias territoriales fueron considerables.

Comunidades como Castilla y León, Asturias, Cantabria, Madrid o La Rioja consiguieron resultados sensiblemente mejores que otras autonomías, mientras todas estaban sometidas al mismo marco educativo estatal.

Eso demuestra que la gestión autonómica importa.

Pero tampoco permite concluir automáticamente que la legislación estatal sea irrelevante: las reglas generales del sistema afectan a todas.

El debate de fondo

La discusión del programa que has transcrito contiene, por tanto, una media verdad por cada lado.

Cuando alguien dice:

«Las competencias educativas son de las comunidades autónomas», tiene parte de razón.

Cuando otro responde:

«¿Y quién aprueba la ley educativa?», también.

España construyó deliberadamente un sistema en el que Estado y comunidades comparten responsabilidades educativas.

Y precisamente por eso resulta tan fácil que aparezca la batalla política cuando llegan malos resultados:

el Gobierno puede señalar la gestión autonómica y las autonomías pueden señalar la legislación estatal.

Pero hay un dato difícil de discutir.

Cuando PISA mostró unos resultados preocupantes, el propio Pedro Sánchez consideró el problema suficientemente nacional como para anunciar más de 500 millones de euros de intervención estatal.

Y dos años después, el Gobierno continúa destinando dinero estatal a intentar mejorar exactamente esas competencias.

Para el curso que comienza ahora, el programa matemático financiado en 2026 se ejecutará entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de agosto de 2027 y contempla grupos reducidos, atención individualizada, coordinadores específicos y formación de profesores.

Por eso quizá la pregunta correcta no sea simplemente «¿de quién es la competencia?».

La pregunta realmente interesante es:

después de leyes, reformas y cientos de millones destinados al refuerzo, ¿están aprendiendo mejor matemáticas y comprensión lectora los alumnos españoles?

Eso es lo que habrá que medir con los próximos resultados comparables, y no solamente quién consigue atribuirse políticamente el éxito o el fracaso.