La defensa de Salomé Pradas amplía la queja ante el CGPJ por la instrucción de la jueza de la dana
La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada por la gestión de la dana del 29 de octubre que resultó en 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha ampliado la queja presentada en mayo ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la instrucción de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja. La queja ahora incluye la denegación de la transcripción íntegra de la declaración realizada el 11 de abril.
Pradas está representada por el despacho Kepler-Karst Law Firm. Su defensa cuestiona la denegación de una transcripción completa de declaración, la cual duró cerca de tres horas y en la que respondió a unas 140 preguntas. Según un comunicado de la defensa, la transcripción oficial es un resumen de 10 páginas, que omite preguntas formuladas y ciertas citas legales importantes para su estrategia legal.
La defensa también ha solicitado la agrupación de las cerca de 40 acusaciones en la causa para “agilizar” el proceso. Sin embargo, la jueza ha establecido un plazo “inexistente” en esta fase del proceso, para que las acusaciones manifiesten los indicios de responsabilidad penal contra Pradas y el co-investigado, el ex secretario autonómico Emilio Argueso.
Consideran que esta acción podría implicar “un juicio anticipado de culpabilidad” inapropiado para la instrucción, pues ya se había dado un plazo de 15 días para que las partes se pronunciaran sobre la petición de agrupación.
Esta ampliación de la queja se suma a los argumentos previamente comunicados al CGPJ el 14 de mayo de 2025. La defensa sostiene que estos hechos afectan a las garantías procesales y al derecho de defensa de Pradas. Anteriormente, se había indicado que el derecho de defensa de Pradas estaba siendo “gravemente afectado” por la instrucción de la magistrada, citando “irregularidades” que, a su juicio, “vulneran derechos fundamentales y cuestionan la equidad del proceso”.
Entre las razones de la queja, la defensa de Pradas señala “resoluciones judiciales con afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente”, una predeterminación del objeto de la instrucción, la denegación “reiterada” de diligencias solicitadas, “limitación” del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas “ajenas” al proceso judicial.
