El enfrentamiento actual por los documentos de Ceuta no es la primera crisis grave entre los servicios secretos y el poder político en España.
Uno de los mayores precedentes estalló en 1995, cuando se conoció que el entonces CESID, antecesor del actual CNI, había grabado ilegalmente durante años centenares de conversaciones telefónicas.
Entre los afectados figuraban políticos, empresarios, periodistas e incluso el rey Juan Carlos I. Las escuchas se realizaron entre 1983 y 1991 y terminaron provocando una crisis política de primer orden.
Las consecuencias llegaron a la cúpula del Estado: dimitió el director del CESID, Emilio Alonso Manglano, y también dejaron sus cargos el vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y el ministro de Defensa Julián García Vargas.
Manglano y el entonces jefe de Operaciones, Juan Alberto Perote, llegaron a sentarse en el banquillo. Tras diferentes resoluciones judiciales, Manglano terminó siendo exculpado.
El precedente sirve ahora para entender una de las cuestiones que plantea la polémica de Ceuta: hasta dónde alcanza la responsabilidad política sobre lo que conoce, hace o deja de hacer un servicio de Inteligencia dependiente del Gobierno.
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La rocambolesca operación para espiar a Herri Batasuna
Todavía más sorprendente fue otro episodio de la historia del CESID: el espionaje a la sede de Herri Batasuna en Vitoria.
Los servicios secretos instalaron un dispositivo de escucha en un piso situado sobre la sede de HB. La operación terminó siendo descubierta y provocó un proceso judicial.
La resolución final tuvo un resultado peculiar: después de diferentes sentencias y recursos, el Tribunal Supremo absolvió a los responsables superiores y mantuvo la condena contra el agente que materialmente realizaba las grabaciones. RTVE recoge este episodio entre los grandes escándalos históricos de los servicios secretos españoles.
Es precisamente el episodio al que se refiere la intervención televisiva cuando se habla, de forma coloquial, del agente que permanecía en el piso realizando las escuchas.
Algunos de los detalles pintorescos narrados en televisión —como que se dejó allí una suscripción a una revista con su verdadero nombre— no he podido corroborarlos en fuentes suficientemente sólidas, por lo que no los publicaría como hechos.
La parte fundamental, sin embargo, sí está documentada: existió la operación clandestina contra HB, fue descubierta y el agente que efectuaba las grabaciones acabó siendo el condenado mientras sus superiores fueron finalmente absueltos.
Alberto Saiz: cuando las filtraciones acabaron con el jefe del CNI
Hay un tercer precedente especialmente interesante por su parecido con el debate actual sobre un supuesto malestar interno.
En 2009, el entonces director del CNI, Alberto Saiz, terminó dimitiendo después de meses de informaciones periodísticas sobre un supuesto uso privado de medios y fondos del Centro.
Se le acusaba, entre otras cuestiones, de haber utilizado recursos públicos para viajes de caza y pesca en destinos exóticos, además de otros supuestos favores personales. Saiz negó las acusaciones y llegó a atribuirlas a una conspiración interna para impedir que continuara al frente del CNI.
La polémica llegó hasta la Comisión de Secretos Oficiales, donde compareció durante más de tres horas. La entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, ordenó posteriormente elaborar información reservada sobre las acusaciones.
Finalmente, Saiz presentó su dimisión el 2 de julio de 2009, afirmando que abandonaba el cargo para no perjudicar al Gobierno ni al propio Centro.
Este caso es utilizado ahora por algunos analistas para recordar el enorme poder que pueden adquirir las filtraciones procedentes del interior de un servicio secreto.
Pero hay que introducir una precisión importante: que Saiz denunciara una conspiración interna no demuestra que el CNI elaborara institucionalmente un dossier para derribar a su director, y mucho menos permite afirmar que algo semejante esté ocurriendo ahora contra Pedro Sánchez.
La curiosa detención de un espía que intentó vender secretos a Rusia
Y hay otra historia del CNI que parece directamente sacada de una novela.
En 2007, el propio Alberto Saiz convocó una insólita rueda de prensa para anunciar la detención de un antiguo miembro del CNI, Roberto Flórez García.
El exagente estaba acusado de ofrecer información clasificada a un servicio secreto extranjero.
La investigación encontró en su domicilio dos cartas dirigidas a Petr Melnikov, que había ocupado un importante puesto en la Embajada rusa en Madrid. En ellas ofrecía información secreta a cambio de dinero.
Y no hablamos de información menor.
Entre lo ofrecido figuraban, según la documentación del proceso, los nombres de agentes españoles.
El precio inicial solicitado habría sido de 200.000 dólares, al que posteriormente seguirían nuevos pagos.
El caso fue considerado especialmente grave porque Flórez había pertenecido precisamente al organismo encargado de proteger los secretos del Estado.
¿Qué tienen que ver estos casos con Ceuta?
Los ejemplos históricos ayudan a comprender por qué la actual polémica ha provocado tanta inquietud.
La documentación desclasificada sobre Ceuta ha permitido saber que el 29 de julio el CNI conocía convocatorias para intentar acceder a la ciudad por mar y por la valla y que trasladó información tanto a la Delegación del Gobierno como a la Guardia Civil y a los servicios de Inteligencia marroquíes.
Uno de los grupos de Facebook controlados tenía más de 160.000 miembros y otro superaba los 22.000, mientras un grupo de WhatsApp llevaba directamente el nombre de «Asalto a la valla de Ceuta».
El propio CNI reconoce, sin embargo, que no anticipó «la magnitud y naturaleza» de lo que terminó ocurriendo el 30 de julio.
Y hay una precisión especialmente importante respecto a la idea de que el CNI esté oficialmente indignado por la desclasificación: el propio Centro ha negado haber realizado valoración alguna sobre la publicación de los documentos y asegura que mantiene su deber de secreto. Las informaciones sobre agentes molestos proceden, por tanto, de fuentes anónimas y no representan una posición oficial del organismo.
Ahí está precisamente lo interesante del paralelismo histórico: los servicios secretos españoles ya han vivido escuchas ilegales, dimisiones en la cúpula política, operaciones clandestinas descubiertas, filtraciones internas y hasta la detención de uno de sus antiguos agentes acusado de ofrecer secretos a Rusia.
La diferencia es que ahora el conflicto nace de algo completamente distinto: la decisión del propio Gobierno de hacer pública documentación clasificada para explicar quién sabía qué antes de la mayor entrada masiva registrada en Ceuta.
