9 de diciembre de 2025
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Demoras en la renta de inclusión y trabas en el padrón: las desigualdades que sufren los migrantes en Valencia

Demoras en la renta de inclusión o la odisea de tramitar el padrón: las desigualdades que sufren los migrantes en Valencia

El tercer Balance anual sobre discriminación cotidiana por racismo y xenofobia alerta de graves desigualdades que afectan a personas migrantes, especialmente a quienes viven en situación administrativa irregular: retrasos en la renta de inclusión, trabas para empadronarse, exclusión sanitaria, obstáculos para acceder a albergues y problemas en educación, vivienda y trámites básicos.

Valencia, 9 de diciembre de 2025

Un informe que evidencia la desigualdad cotidiana

Las principales asociaciones que trabajan con personas migrantes —entre ellas CEAR-PV, Moviment per la Pau, Valencia Acull y la Campaña CIEs NO— han presentado el tercer Balance anual sobre discriminación cotidiana por racismo y xenofobia. El documento recoge cientos de casos que muestran barreras y exclusiones que estos colectivos padecen a diario: desde dificultades para empadronarse hasta problemas serios para acceder a servicios sociales, sanidad, educación o vivienda.

El informe destaca situaciones especialmente graves, como demoras de más de un año en el pago de la renta de inclusión, esperas de hasta cuatro meses para acceder a un albergue, o la recepción de comunicaciones reclamando el pago de 30.000 euros por tratamientos contra el cáncer. Además, recuerda un dato especialmente llamativo: entre el 80% y el 90% de las personas migrantes que sufren discriminación no la denuncian.

Tras la DANA, la exclusión quedó al descubierto

Las entidades señalan que, tras la barrancada que afectó a la zona DANA, se hicieron visibles situaciones que ya eran frecuentes, pero que se agravaron: infecciones bacterianas sin seguimiento sanitario, interrupción de la educación de menores migrantes, despidos sin justificación y un aumento de la ocupación informal.

Oxfam Intermon estimó el pasado año que en la zona DANA residían más de 40.000 personas en situación irregular. Sin embargo, pese a la regularización extraordinaria aprobada por el gobierno, solo se han tramitado unas 23.000 solicitudes. El resto continúa en una situación no reglada que dificulta el acceso a derechos básicos.

El padrón: un muro para miles de personas

El empadronamiento, puerta de acceso a derechos esenciales como la sanidad o la atención social, sigue siendo uno de los grandes obstáculos. Aunque en Valencia se han introducido mejoras en el sistema de citas, la brecha digital persiste y el sistema ha sufrido colapsos.

Según el informe, más del 48% de las solicitudes especiales de empadronamiento fueron denegadas o archivadas. Las entidades denuncian errores, información contradictoria por parte de la administración y mensajes desmotivadores hacia quienes intentaban iniciar el proceso.

8.500 personas dadas de baja sin aviso

Uno de los episodios más criticados se produjo en agosto, cuando el Ayuntamiento de Valencia dio de baja del padrón a más de 8.500 personas migrantes sin previo aviso. Las entidades hablan de una actuación de “mala fe”, ya que las consecuencias son graves: bloqueo de cuentas bancarias, pérdida de acceso a la sanidad pública y la necesidad de reiniciar toda la tramitación desde cero.

“Una baja en el padrón tiene implicaciones muy serias: deja a las personas sin derechos y las expone a mayor vulnerabilidad”, explica Esther Mamadou, portavoz de las organizaciones firmantes.

Discriminación en múltiples ámbitos

El informe también recoge vulneraciones en:

  • Vivienda: rechazo sistemático, precios inflados o barreras añadidas para personas extranjeras.
  • Servicios sociales: dificultades para acceder a ayudas básicas o retrasos injustificados.
  • Sanidad: exclusiones, facturación indebida o falta de seguimiento médico.
  • Educación: interrupciones en etapas clave, especialmente tras la DANA.
  • Trabajo y cuidados: informalidad, explotación y ausencia de protección laboral.
  • CIE: prácticas que las entidades consideran inhumanas y discriminatorias.

Las organizaciones reclaman cambios profundos y estructurales para garantizar que la administración no se convierta en un nuevo obstáculo para quienes ya viven en una situación vulnerable.

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