Los centros de menores no acompañados en la Comunidad Valenciana suelen ser un enigma, caracterizados por un alto grado de confidencialidad debido a la naturaleza vulnerable de los adolescentes que allí residen. Mari Carmen González, vocal de la junta de gobierno del Colegio de Educadores y Educadoras Sociales de la Comunidad Valenciana, afirma que estos centros deberían asemejarse a un hogar y describe la vida de los internos como la de cualquier adolescente, pero con circunstancias personales complejas.
Recientemente, estos centros han cobrado protagonismo mediático a raíz de la propuesta del Gobierno de redistribuir menores migrantes entre las comunidades autónomas y por el trágico fallecimiento de un interno que cayó en una poza en Buñol durante una excursión. Además de ofrecer acogida a jóvenes migrantes, estos centros también brindan alojamiento y protección para la reforma de adolescentes.
Según González, la rutina en estos establecimientos se encuentra altamente estructurada, con atención continua las 24 horas. Los residentes participan en actividades variadas que incluyen desde talleres de cocina e higiene hasta formación en finanzas domésticas y burocracia. También se promueve la práctica de deportes y se facilita el disfrute del ocio y actividades extraescolares.
La priorización de la escolarización inmediata para los recién llegados es un aspecto central, así como la preparación para aquellos que se acercan a la mayoría de edad. Para quienes desean dejar los estudios a los 16 años, se fomenta la formación profesional breve que les permita adquirir competencias laborales para su futura independencia a los 18 años. Los educadores sociales apoyan a los jóvenes en la búsqueda de empleo y vivienda, ya que no siempre existen plazas suficientes en los recursos de emancipación.
González subraya que los menores extranjeros arriban a España con el deseo de trabajar y enviar dinero a sus familias, pero enfrentan un arduo proceso de regularización y barreras idiomáticas. Desde el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales se aboga por una proporción máxima de tres menores por cada educador, la presencia de personal cualificado y el establecimiento de protocolos unificados. También se critica la privatización del sistema, señalando que el 90% de los centros son concertados.
González destaca la necesidad de agilizar los procesos de regularización para los menores migrantes y de proporcionar apoyo continuo al alcanzar la mayoría de edad. Además, solicita que los psicólogos de estos centros tengan especialización en trauma y apego, y señala que muchos educadores sociales inician su labor profesional en estos centros, asumiendo un desafío considerable debido a la complejidad del entorno.
