En una operación conjunta llevada a cabo por la Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera en diversas provincias de España, 162 mujeres han sido liberadas de una red de explotación sexual. Además, se han arrestado a 37 individuos, con detenciones destacadas en la Comunidad Valenciana: 22 en Valencia, tres en Alicante, y cuatro en Castellón, además de cuatro personas en Málaga y otras cuatro en Murcia. Nueve de los detenidos han sido enviados a prisión provisional y se han realizado 39 registros en siete provincias, según un comunicado de la Policía Nacional.
Durante los registros, se allanaron los domicilios de los once líderes de la organización, así como locales dedicados a la explotación sexual, donde se confiscaron 141.000 euros y tres vehículos, además del bloqueo de bienes y cuentas bancarias de los presuntos responsables.
La red criminal se dedicaba a atraer a mujeres sudamericanas en situación vulnerable y sin papeles, a quienes obligaban a prostituirse en distintas áreas de España. La denuncia de tres víctimas que habían sido explotadas en distintas provincias permitió a la policía descubrir la operación de esta organización, que tenía su base principalmente en la Comunidad Valenciana, pero ya se extendía a otras provincias como Murcia, Málaga, Barcelona y Tarragona.
Para llevar a cabo sus actividades, la organización compraba o alquilaba viviendas o comercios como locales de masajes aparentes, que en realidad eran lugares carentes de condiciones mínimas de habitabilidad. Las víctimas podían salir solo dos horas al día y debían estar disponibles el resto del tiempo, durmiendo apiladas en literas o en la misma cama que utilizaban con los clientes. Los líderes de la red controlaban los locales y a las mujeres en tiempo real mediante un sistema de vigilancia.
La organización se llevaba el 50% de lo que cada servicio generaba, y, aunque las mujeres se quedaban con la otra mitad, podían ser multadas por los captores por diversos motivos.
Paralelamente, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia inició una investigación para rastrear el patrimonio de la red criminal y el lavado de dinero, identificando a los implicados que manejaban las sociedades utilizadas como tapadera. Esta investigación aún está en curso, analizando datos bancarios y otra información obtenida de los registros, incluyendo documentos y ordenadores que contenían la contabilidad de cada local. El bloqueo de bienes muebles e inmuebles, junto con más de 60 cuentas bancarias, asegura la posibilidad de un eventual decomiso de esos activos.
