Dimite Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado por “motivos personales”

(Madrid/Agencias) El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha decidido renunciar a su cargo “por motivos personales”, según ha informado la institución que ha dirigido hasta este jueves en un comunicado.

La Fiscalía explica en un comunicado que Torres-Dulce ha comunicado su decisión al ministro de Justicia, Rafael Catalá. También ha anunciado su decisión al presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes.

Torres-Dulce regresará a su plaza en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, su destino antes de que el Gobierno del Mariano Rajoy le nombrara fiscal general del Estado hace tres años.

Falta de sintonía con el Gobierno

Eduardo Torres-Dulce, hasta el día de ayer fiscal general del Estado. (Foto-Agencias)
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Eduardo Torres-Dulce, hasta el día de ayer fiscal general del Estado.

Los rumores sobre la inminente renuncia se dispararon este jueves por la tarde después de que Torres-Dulce retirara sin dar ningún motivo de peso dos nombramientos clave del orden del día del Consejo Fiscal, el de fiscal jefe del Tribunal Constitucional y el de la Inspección Fiscal.

Desde diferentes ámbitos se aceleraron entonces las especulaciones, de las que se viene hablando durante los últimos meses en el seno de la Carrera fiscal y que se atribuyen a la falta de sintonía de Torres-Dulce con el equipo del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón.

El desencuentro viene de lejos, sobre todo desde que se conocieron unos planes del Código Procesal Penal que no cumplían con las expectativas de Torres-Dulce para lograr la instrucción penal por los Fiscales. Pero no ha sido el único pulso que ha mantenido con el Gobierno.

Ya hizo públicas el pasado 26 de noviembre en sede parlamentaria sus diferencias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en la que señaló que nunca fue un fiscal “proclive al Gobierno” y citó como ejemplos que ha sido él quien solicitó la prisión del extesorero del PP Luis Bárcenas y que ha mantenido posiciones contrarias al Ministerio del Interior en los casos ‘Bolinaga’ y ‘Matas’.

Desencuentro por el soberanismo catalán

También el denominado proceso participativo del 9-N y la querella contra el presidente catalán, Artur Mas, contribuyó a evidenciar las tensiones entre el hasta ahora fiscal general del Estado y el Gobierno del PP.

La presentación de la querella se pospuso durante casi dos semanas por discrepancias entre la Fiscalía de Cataluña y la Fiscalía General del Estado, mientras que desde la oposición política al Gobierno y los partidos proclives al soberanismo catalán se apuntaron posibles presiones sobre Torres-Dulce para que acusara a los convocantes de la consulta.

Días después, en la que ya es su última comparecencia ante el Parlamento, Torres-Dulce respondió a la oposición, cuando varios portavoces le reprocharon haber actuado a las órdenes del Ejecutivo en este caso.

“No se me puede decir que sea un fiscal proclive al Gobierno cuando investigo a Barcenas y solicito prisión para él”, señaló ante la Comisión de Justicia del Congreso, donde presentó la memoria anual de la Fiscalía General de 2013. “No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer”, subrayó entonces Torres-Dulce, quien añadió que “si tengo que sostener posición contraria al gobierno la sostengo”.

El hasta ahora fiscal general del Estado dijo en el Congreso que actuó en todo momento siguiendo criterios jurídicos y cumpliendo estrictamente con lo que señala el Estatuto Fiscal en lo relativo al proceso que se siguió con la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala.

Torres-Dulce negó presiones y recordó su respuesta clara” el mismo día que la líder del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho anunciaba la querella que esa no era la realidad de la Fiscalía en esos momentos y que los tiempos mediáticos no eran los tiempos del Ministerio Fiscal.

Insistió, ante las preguntas de los diputados sobre este asunto, en que su actuación se había adoptado atendiendo exclusivamente a criterios de estricta legalidad contemplados en el artículo 124 de la Constitución y “autónomamente” y “sin ningún tipo de injerencia”.

VLCNoticias|Redacción

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