Miquel Verdeguer i Mesado, concejal socialista de Patrimonio, Fiestas e Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Catarroja, ha presentado su renuncia voluntaria al cargo tras conocerse que está siendo investigado en un procedimiento judicial por hechos ocurridos en el ámbito privado y ajenos a sus funciones públicas, según ha confirmado el consistorio en un comunicado oficial.
Una renuncia preventiva en medio de una investigación delicada
La decisión de Verdeguer se ha producido de forma rápida, apenas unos días después de que saliera a la luz que el edil había sido detenido y posteriormente puesto en libertad provisional en el marco de una investigación por presunta agresión sexual a un menor, tal y como ha adelantado el diario Levante-EMV.
Desde el Ayuntamiento de Catarroja no han querido valorar el fondo del asunto, remitiéndose a la autoridad judicial, pero han destacado que el ahora exconcejal ha optado por apartarse de sus responsabilidades institucionales “como muestra de coherencia y respeto hacia la ciudadanía”.
“Decisión necesaria, rápida y responsable”
En el comunicado oficial, el equipo de gobierno ha recalcado que la renuncia ha sido una decisión voluntaria del propio Verdeguer, y han valorado el gesto como un acto de responsabilidad y compromiso con los valores del servicio público.
“Ha tomado una decisión necesaria de forma rápida, en línea con los valores de transparencia y responsabilidad que deben guiar cualquier institución”, han afirmado desde el consistorio.
Además, han agradecido la dedicación y el esfuerzo del exconcejal durante el tiempo que ha formado parte de la corporación municipal, especialmente “tras lo vivido en nuestro municipio el 29-O”, en referencia a los trágicos acontecimientos derivados de la DANA que afectó gravemente a la localidad.
Un cargo especialmente sensible
El caso adquiere especial gravedad no solo por el tipo de delito que se investiga, sino por el hecho de que Verdeguer ocupaba la concejalía de Infancia y Adolescencia, lo que ha generado consternación y malestar entre vecinos, partidos políticos y colectivos sociales.
Aunque por ahora no se ha emitido ningún comunicado desde el PSPV-PSOE a nivel autonómico, se espera que en los próximos días se adopten medidas internas una vez se avance en la investigación judicial.
Reflexión final
Este caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de actuar con firmeza y transparencia cuando un cargo público se ve implicado en una investigación penal, especialmente si afecta a colectivos vulnerables. La renuncia preventiva de Verdeguer puede entenderse como un intento de proteger la imagen institucional, pero las explicaciones y responsabilidades políticas no pueden detenerse ahí.
Porque cuando la confianza pública se ve sacudida, no basta con renunciar: hay que rendir cuentas.
