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La Coordinadora de Asambleas Docentes vincula los expedientes de la Delegación del Gobierno con concentraciones y piquetes informativos y anuncia recursos contra las multas
La Coordinadora de Asambleas Docentes del País Valencià ha denunciado la notificación de 14 expedientes sancionadores relacionados con las movilizaciones de la huelga educativa iniciada el pasado mes de mayo. Las multas, tramitadas por la Delegación del Gobierno, superan conjuntamente los 8.600 euros y afectan a doce docentes y, en otros dos expedientes, al sindicato STEPV.
Las notificaciones han llegado durante el mes de agosto y corresponden, según la Coordinadora, a actuaciones desarrolladas durante concentraciones previamente convocadas y piquetes informativos vinculados a las protestas del profesorado valenciano.
El colectivo considera que los expedientes suponen una actuación contra el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación y huelga y ha anunciado que continuará apoyando económicamente y jurídicamente a las personas afectadas.
Doce docentes y dos sanciones al STEPV
Según la información difundida por la Coordinadora, los 14 expedientes suman más de 8.600 euros, con sanciones individuales de 601 y 800 euros.
Entre los afectados se encuentra David Esteve, profesor de Biología y Geología en la provincia de Alicante, que ha recibido la comunicación de apertura de un expediente por una presunta infracción grave que podría conllevar una multa de 800 euros.
El Consell Sindical Obrer (CSO), organización a la que pertenece Esteve, ha anunciado su intención de recurrir la sanción. El sindicato sostiene que el profesor no cometió ninguna infracción y niega que incitara a realizar acciones ilegales o participara en cortes de calles.
El CSO interpreta el expediente como un intento de desincentivar futuras movilizaciones, una valoración que corresponde al propio sindicato.
Distinta ha sido la decisión adoptada por otro docente de esta organización sancionado después de protagonizar una acción en la que se colgó de un puente en Elche. En este caso, ha decidido abonar la multa al considerar su actuación un acto de desobediencia civil realizado en el contexto de las reivindicaciones educativas.
Las sanciones se remontan a la huelga iniciada en mayo
La Coordinadora sostiene que todos los expedientes están relacionados directamente con las movilizaciones desarrolladas durante la huelga del profesorado valenciano, que comenzó el pasado mayo.
Durante aquellos meses se sucedieron concentraciones, manifestaciones, reuniones y diferentes acciones reivindicativas protagonizadas por docentes.
Las organizaciones participantes reclamaban mejoras relacionadas con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo valenciano y mantuvieron durante semanas un calendario de protestas.
Ahora, varios meses después, algunos de sus participantes han comenzado a recibir las comunicaciones administrativas.
La Coordinadora habla de un intento de intimidación
La Coordinadora ha mostrado especialmente su rechazo a que las notificaciones hayan llegado durante agosto y considera que las sanciones pueden tener un efecto disuasorio ante las nuevas movilizaciones previstas para septiembre.
El colectivo también critica al Gobierno valenciano, al que acusa de falta de voluntad negociadora durante el conflicto y de establecer unos servicios mínimos que considera excesivos.
Estas acusaciones forman parte de la posición expresada por la Coordinadora, mientras que los expedientes sancionadores corresponden a la Delegación y Subdelegación del Gobierno, Administración encargada de su tramitación.
Una caja de resistencia para afrontar las multas
Las organizaciones movilizadas pretenden evitar que los docentes sancionados tengan que afrontar individualmente las consecuencias económicas de los expedientes.
Para ello mantendrán activa una caja de resistencia, destinada a recaudar fondos y respaldar a las personas afectadas por las multas.
Algunos expedientes serán además recurridos por considerar los afectados que las conductas sancionadas estaban amparadas por el ejercicio de los derechos de huelga, reunión y manifestación.
Nueva manifestación el 12 de septiembre
La llegada de las sanciones se produce cuando el profesorado prepara el inicio del nuevo curso 2026-2027 y las organizaciones educativas estudian cómo continuar con sus reivindicaciones.
Aunque la Coordinadora considera poco probable que se convoquen nuevas jornadas de huelga durante el primer trimestre, ya existe una manifestación convocada para el próximo 12 de septiembre.
Los expedientes administrativos se convierten así en un nuevo elemento de tensión dentro de un conflicto educativo que, pese al paréntesis de las vacaciones de verano, continuará teniendo recorrido con el comienzo del nuevo curso.