El propietario del restaurante El Ventorro, ubicado en Valencia, aseguró que no vio al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, preocupado ni apresurado durante su visita al local el 29 de octubre de 2024. Según el dueño, “fue como un día normal, un día más”. Estas declaraciones fueron dadas ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que causó graves daños en la provincia y la muerte de 229 personas.
Durante su testimonio, el dueño del establecimiento detalló que Mazón llegó al restaurante entre las 14:15 y las 14:30 horas, seguido por la periodista Maribel Vilaplana unos 10 o 15 minutos después. Mazón, que entonces era el jefe del Consell, acudió solo, sin escolta, y permaneció en el lugar aproximadamente hasta las 18:30 o 19:00 horas. El propietario recordó este detalle porque los trabajadores suelen marcharse del restaurante a las 18:00 o 18:10 horas.
Mientras los empleados se iban, el dueño se ocupó de otras tareas del negocio y notó que Mazón y Vilaplana continuaban en el reservado. Afirmó que él fue la única persona que los atendió durante la comida y que accedió al salón siete u ocho veces para atender personalmente al presidente. Durante esas visitas, aseguró no haber visto a Mazón hablar por teléfono, ni a Vilaplana con un ordenador, y declaró que no escuchó sus conversaciones.
El propietario también relató la llamada que recibió desde la Generalitat, informándole que alguien llevaría unos papeles para que Mazón firmara. El sobre fue entregado a Mazón, quien lo devolvió firmado poco después.
En su declaración, el dueño del local calculó que la comida duró entre una hora y media y dos horas, indicando que esto es habitual. Aunque no pudo precisar el momento exacto en que se sirvieron los postres o el café, sugirió que el almuerzo se prolongó hasta aproximadamente las 16:30 o 16:45 horas. Comentó que es común que las comidas se extiendan hasta las 18:30 o 19:00 horas sin que esto sea inusual.
Sobre la reserva, que se realizó unos dos o tres días antes, indicó que fue gestionada por alguien de la Generalitat, según identificó por los números telefónicos grabados. Posteriormente, se constató que la factura debía ser enviada al Partido Popular, como lo confirmó al aportar esta documentación en el proceso judicial.
