El Ayuntamiento de Valencia advierte que acudirá a los tribunales si la ZBE sigue bloqueada por la oposición

El futuro de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Valencia continúa encallado en el pleno municipal. A falta de pocas semanas para que expire el plazo fijado por Europa, la alcaldesa María José Catalá ha advertido que, si la ordenanza no se aprueba a tiempo y se produce una sanción que comprometa los 115 millones de euros en ayudas vinculadas, el Ayuntamiento “acudirá a la vía judicial para defender los intereses de la ciudad”.

Las negociaciones con la oposición no han logrado avances relevantes. Tras varios encuentros con el PSPV y posteriormente con Compromís, la alcaldesa sostiene que el PP “ha sido el único grupo responsable”, mientras que los demás “levantaron la mano con un no” pese al riesgo de perder financiación procedente del transporte y de los fondos Next Generation.

El Corredor Verde, punto de bloqueo en la negociación

Catalá critica que el PSPV introdujera en la negociación la inclusión del denominado Corredor Verde —un bulevar sin tráfico en García Lorca— como condición para desbloquear la ordenanza. La alcaldesa considera que esta exigencia “nada tiene que ver con la ZBE” y denuncia que su introducción “demuestra que no existe voluntad real de llegar a un consenso”.

También señala a Compromís, que condicionó su apoyo a que se aprobara una moción propia relacionada con la movilidad, la calle Colón y la protección del patrimonio histórico. Según Catalá, estas demandas “no forman parte del contenido técnico de la ZBE y no pueden incorporarse a la ordenanza”.

El PP ofreció ampliar la ZBE a toda la ciudad

Durante las conversaciones mantenidas durante los últimos días, el PP planteó alternativas como ampliar la limitación de la ZBE a toda la ciudad —excluyendo pedanías y la zona de Serrería— y aplicar restricciones a los vehículos con etiqueta B a partir de 2032. Sin embargo, los socialistas consideraron insuficientes estas propuestas.

La alcaldesa asegura que está “abierta al diálogo todos los días”, pero reprocha que la oposición “imponga condiciones ajenas al texto técnico y completamente incompatibles con los plazos exigidos por Bruselas”.

Vox retira su apoyo y complica aún más el escenario

La situación se ha agravado después de que Vox, socio del PP en el gobierno municipal, retirara su apoyo a la ordenanza pese a haberla avalado en comisiones previas. La decisión responde a una instrucción del partido a nivel estatal y ha dejado al PP sin los votos necesarios para aprobar el proyecto.

Ante esta fractura interna, el Ayuntamiento asegura que continuará intentando alcanzar un acuerdo en los próximos días, aunque reconoce que el margen es cada vez más reducido.

Compromís responsabiliza al gobierno municipal

Desde Compromís, la portavoz Papi Robles acusa a Catalá de “fingir diálogo de cara a la opinión pública” y sostiene que la responsabilidad del bloqueo “es exclusiva del gobierno municipal y de sus socios de Vox”. Robles afirma que la falta de avances pone en riesgo hasta 150 millones en fondos europeos y considera “un despropósito absoluto” no cumplir con los plazos establecidos por Bruselas.

Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene. Si no hay acuerdo antes de final de año, Valencia podría enfrentarse a sanciones europeas y a un agujero millonario en sus cuentas municipales.

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