El Ayuntamiento de Valencia ha interpuesto cuatro demandas de desalojo contra los restaurantes ubicados en la Marina, exigiendo que abandonen los locales municipales. Estas demandas se basan en la resolución de contratos de arrendamiento debido al supuesto incumplimiento del plazo establecido para el desalojo, que era el 31 de mayo. Sin embargo, los propietarios de los restaurantes sostienen que no tienen la obligación de dejar los locales, dejando la decisión final en manos de un juez.
El 6 de junio pasado, un juzgado anuló una orden de cierre emitida por la Junta de Gobierno Local. Llegado el 31 de mayo, los establecimientos continuaron operando y decidieron enfrentarse a la orden del Ayuntamiento, así como a los requerimientos de la Policía Local, acudiendo al sistema judicial. En un primer fallo, se les concedió la razón. Un juzgado de lo contencioso administrativo falló en favor de una suspensión cautelar de la orden de cese de actividad emitida por el Consistorio, la cual obligaba a los restaurantes a desalojar el lugar.
El Ayuntamiento optó por no extender la concesión actual, argumentando su intención de promover un modelo de ocio diferente. La razón detrás de esta decisión es que el área se ha convertido en un punto frecuente para actividades como el botellón y la música en vivo, infringiendo las normativas de contaminación acústica.
