Urbanismo responde a las críticas del PSOE asegurando que ha realizado inspecciones durante agosto y que mantendrá un seguimiento de las obras junto a las comunidades afectadas

El Ayuntamiento de Valencia ha ofrecido su versión sobre el conflicto generado por las obras para implantar un apartahotel en varios bajos de edificios de Benicalap, después de que la concejala socialista Elisa Valía acusara al gobierno de María José Catalá de dejar desamparadas a las familias afectadas.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, se ha reunido este lunes con representantes de las comunidades de propietarios de las calles Salvador Cerveró, Carlos Cortina y Encarna Albarracín, donde se están ejecutando las obras. El encuentro se produjo después de recopilar la información obtenida durante las inspecciones municipales realizadas a lo largo de agosto.

Urbanismo asegura que ha inspeccionado las obras durante agosto

Frente a las acusaciones socialistas de falta de actuación municipal, Urbanismo sostiene que sus técnicos sí han inspeccionado las obras.

Según la versión ofrecida por Giner, las actuaciones se han desarrollado sin previo aviso para garantizar su eficacia y comprobar tanto el cumplimiento de la normativa urbanística como que los trabajos se ajusten al proyecto autorizado.

El responsable de Urbanismo asegura que las inspecciones se han realizado con “rigor, discreción y garantías”, dentro de las competencias municipales y buscando mantener la seguridad jurídica de las actuaciones.

Un canal directo con las comunidades afectadas

Una de las principales decisiones adoptadas después de la reunión es establecer un canal estable de comunicación entre Urbanismo y los vecinos.

La interlocución se realizará a través de los tres administradores de las comunidades afectadas, que podrán mantener contacto con la Delegación de Urbanismo para realizar el seguimiento de la ejecución de las obras.

Giner sostiene que el Ayuntamiento comprende la preocupación existente entre los residentes y que precisamente por ello decidió mantener el encuentro acompañado por técnicos municipales.

“Comprendemos la preocupación de los vecinos”, ha señalado el concejal, quien asegura que el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de las comunidades para colaborar dentro de las competencias municipales.

Dos versiones enfrentadas sobre la misma reunión

Las explicaciones municipales contrastan directamente con las ofrecidas por el Grupo Municipal Socialista.

Elisa Valía había denunciado que el Ayuntamiento reunió a las familias para transmitirles, en la práctica, que debían “apañarse” por su cuenta y sostuvo que el gobierno municipal no estaba protegiendo a los residentes afectados. También acusó al consistorio de intentar limitar quién podía participar en el encuentro.

Urbanismo ofrece una interpretación completamente diferente: asegura que la reunión sirvió para explicar las inspecciones realizadas durante agosto, escuchar a los afectados y establecer un mecanismo permanente de comunicación para seguir las obras.

Giner culpa al anterior gobierno de la proliferación de alojamientos turísticos

El concejal de Urbanismo ha aprovechado además el conflicto para responder políticamente a las críticas del PSOE.

Giner atribuye situaciones como la de Benicalap a la normativa existente durante el anterior mandato y asegura que estos proyectos son los “últimos coletazos de la barra libre” que, en su opinión, permitió el anterior gobierno municipal para instalar alojamientos turísticos en bajos.

“Si el gobierno anterior no hubiera dado barra libre, la reunión que hemos mantenido hoy no hubiera sido necesaria”, ha afirmado.

El responsable municipal también ha citado como ejemplos de intervención del actual gobierno la paralización del macrohotel de las Naves de Guala y la actuación municipal frente a la denominada colmena de Ruzafa.

El Ayuntamiento defiende la nueva regulación turística

Giner sostiene que la actual regulación urbanística es mucho más restrictiva respecto a la implantación de nuevos alojamientos turísticos.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, la normativa para el terciario hotelero protege el uso residencial del 98 % de las viviendas y establece un máximo del 15 % para nuevos alojamientos turísticos en bajos, condicionado además a que el barrio o distrito correspondiente no haya superado ninguno de los tres umbrales de saturación establecidos.

El conflicto de Benicalap deja así dos relatos enfrentados sobre la actuación municipal. Mientras el PSOE acusa al gobierno de Catalá de abandonar a los vecinos ante los intereses de los inversores, Urbanismo asegura que ha inspeccionado las obras, mantiene que estas deben ajustarse al proyecto autorizado y anuncia un canal permanente con las comunidades para controlar su evolución.