El ayuntamiento limita a 50 los colectivos para dar ayudas contra la exclusión social

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Delegación de Bienestar Social e Integración, destina este año más de un millón de euros para los proyectos de entidades y ONGs de prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, y de Mesas de Solidaridad en los barrios de Valencia.

Francis Montesinos impartiendo un taller a mujeres en riesgo de exclusión social en Sagunto
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Francis Montesinos impartiendo un taller a mujeres en riesgo de exclusión social en Sagunto

La Junta de gobierno local ha aprobado la última convocatoria para estas entidades, por importe de 500.000 euros, destinada a proyectos de lucha contra la pobreza y exclusión social en toda la ciudad, que se suma a los 537.000 euros aprobados ya para las Mesas de Solidaridad, sumando un total de 1.037.000 €.

Una cantidad que, en la actual coyuntura económica y presupuestaria, pone de manifiesto el compromiso social del ayuntamiento con los más necesitados y con las entidades que trabajan en su ayuda y asistencia diaria.

Las ayudas aprobadas se conceden desde 1996 y están destinadas a entidades y organizaciones de interés social y sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos destinados a atender la problemática social de colectivos afectados por la desigualdad, la marginación, la pobreza y la exclusión social. Programas que, desarrollándose en el ámbito de toda la ciudad de Valencia, colaboren con los servicios sociales municipales y contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de los colectivos afectados.

Las Bases no introducen cambios significativos respecto de las de 2011, si bien se limita el número máximo de entidades beneficiarias a 50.

Se consideran intervenciones prioritarias susceptibles de ayuda las dirigidas:

A la integración socio-laboral de:

  • Inmigrantes, refugiados y asilados.
  • Personas sin techo con alto grado de desarraigo.
  • Personas pertenecientes a grupos étnicos minoritarios con especiales dificultades.
  • Personas en procesos de desinstitucionalización
  • Personas desempleadas de larga duración.
  • Colectivos de mujeres en situación de vulnerabilidad o de exclusión.
  • Jóvenes con dificultades de integración social a la búsqueda del primer empleo.
  • Familias monoparentales y personas con cargas familiares no compartidas.
  • Personas mayores de 60 años que viven solas y con recursos económicos insuficientes.
  • Víctimas de violencia de género.
  • Enfermos crónicos desasistidos y con insuficiencia de recursos económicos.
  • Personas en situación de dependencia, que precisan de atenciones que no son ofertadas en la red pública de servicios y cuyos ingresos económicos no les permite acceder a un recurso de carácter privado.

A la atención y normalización a:

  • Familias monoparentales y personas con cargas familiares no compartidas.
  • Personas mayores de 60 años que viven solas y con recursos económicos insuficientes.
  • Víctimas de violencia de género.
  • Enfermos crónicos desasistidos y con insuficiencia de recursos económicos.
  • Personas en situación de dependencia, que precisan de atenciones que no son ofertadas en la red pública de servicios y cuyos ingresos económicos no les permite acceder a un recurso de carácter privado.

 

VLCCiudad/Redacción

 

 

 
 

 

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