La controversia sobre las inscripciones de descendientes de españoles en el censo electoral llega a un momento decisivo. En el programa Horizonte, Luis María Pardo, representante de Iustitia Europa, ha anunciado su intención de solicitar la suspensión de las elecciones generales del 29 de noviembre si no se garantiza el cumplimiento de las medidas cautelares que atribuye al Tribunal Supremo.
La denuncia gira en torno a las consecuencias electorales de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos, y a las dificultades que, según se expuso en el programa presentado por Iker Jiménez, habría trasladado la Abogacía del Estado para identificar y revisar determinadas inscripciones.
Pardo sostuvo que podrían estar afectadas entre 170.000 y 400.000 personas, aunque durante el debate se manejaron distintas cifras y no se aportó una relación definitiva de electores.
La cuestión central es si las personas incluidas en el procedimiento judicial podrán ejercer el derecho al voto mientras se resuelve la controversia. Iustitia Europa considera que permitirlo sin completar previamente la revisión podría comprometer las garantías electorales.
Sin embargo, la existencia de un litigio sobre el censo no demuestra por sí sola un fraude electoral, ni implica automáticamente que las elecciones deban suspenderse. Para establecer el alcance real del conflicto resulta imprescindible conocer las resoluciones judiciales y los escritos procesales.
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La Abogacía del Estado reconoce dificultades materiales para aplicar la suspensión
La información publicada el 8 de octubre por RTVE, Europa Press y otros medios confirma que la Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque las medidas cautelares ante la imposibilidad material de revisar individualmente los expedientes antes de las elecciones.
Pero hay una diferencia fundamental: la Abogacía no ha anunciado que vaya a desobedecer al Supremo, sino que ha recurrido la medida y solicitado su levantamiento, alegando dificultades técnicas y la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos afectados.
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Un censo cerrado antes de la decisión judicial
El problema se agrava por la sucesión de fechas. El censo electoral de referencia para las generales del 29 de noviembre quedó cerrado el 1 de agosto de 2026, mientras que la suspensión cautelar se acordó en septiembre.
Esto significa que determinadas inscripciones ya figuraban en el censo cuando llegó la decisión judicial.
La resolución del Supremo contempla la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones afectadas, incluso si eran anteriores al auto. Por tanto, su presencia en el censo no garantiza automáticamente que puedan votar.
EFE Verifica
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¿Pueden suspenderse las elecciones generales?
Durante su intervención en Horizonte, Luis María Pardo anunció que Iustitia Europa planteaba solicitar la suspensión de los comicios hasta que se garantizase la legalidad del censo.
La petición abriría un escenario jurídico especialmente complejo: las Cortes ya han sido disueltas y las elecciones están convocadas.
No obstante, que una formación solicite suspender las elecciones no significa que el Tribunal Supremo vaya a acordarlo. Tampoco consta, en la información consultada, una resolución judicial que haya ordenado aplazar la cita electoral.
La Sala debe pronunciarse sobre las alegaciones presentadas y decidir si mantiene, modifica o levanta las medidas cautelares.
El debate sobre el posible fraude electoral
Pardo llegó a advertir en televisión de que España podría encontrarse ante el mayor fraude electoral de su democracia.
Se trata de una acusación política y jurídica formulada por el representante de Iustitia Europa, no de un fraude demostrado judicialmente.
Además, las cifras manejadas corresponden a conceptos diferentes: el crecimiento global del censo de residentes en el extranjero, las nacionalizaciones concedidas y los expedientes potencialmente afectados por la instrucción administrativa no representan necesariamente el mismo número de votantes.
La Abogacía del Estado sostiene, por su parte, que la suspensión puede privar injustificadamente del sufragio a ciudadanos españoles que no han tenido ocasión de defender individualmente sus derechos.
El Supremo tiene ahora la última palabra
El Tribunal Supremo deberá resolver una controversia en la que confluyen la seguridad jurídica del proceso electoral, la aplicación de sus medidas cautelares y el derecho fundamental de participación política.
La resolución será determinante para establecer quiénes podrán votar desde el extranjero el próximo 29 de noviembre y bajo qué condiciones.
La información disponible apunta a que la Sala podría pronunciarse la próxima semana.
RTVE.es
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La noticia principal, por tanto, no es que las elecciones estén suspendidas ni que se haya acreditado un fraude, sino que Iustitia Europa plantea reclamar su aplazamiento mientras el Gobierno pide al Supremo levantar unas medidas cautelares cuya ejecución considera materialmente imposible antes del 29-N.
Esta controversia puede tener nuevas resoluciones judiciales en los próximos días. Puedo hacer un seguimiento y avisarte cuando se pronuncie el Supremo.
