También pedirá al Tribunal Constitucional (TC) que suspenda todas las actuaciones, ya hechas o previstas, encaminadas a celebrar dicha consulta. Lo hace tras recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo de Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado en rueda de prensa que el Gobierno pidió con carácter de urgencia al Consejo de Estado el informe preceptivo, aunque no vinculante, para decidir si impugnaba la consulta que Mas quiere llevar a cabo el 9 de noviembre.
Según este órgano, esa consulta alternativa “eleva, si cabe” la gravedad de la que fue suspendida por el Tribunal Constitucional porque “se omiten algunas de las más elementales garantías constitucionales”.
Con todo, determinó que existen “fundamentos jurídicos suficientes” para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la consulta. “Espero que el presidente de la Generalitat sea muy consciente de que si en el primer referéndum incumplía la Constitución, en el segundo proceso vulnera los derechos de los ciudadanos a los que representa y Gobierna. Espero que por respeto a los ciudadanos, acate la suspensión”, ha sentenciado la vicepresidenta.
Agrego también que la consulta no tiene cabida en el Estado de Derecho dado su “carácter refrendario” y que se encuentra fuera de los límites competenciales, al preguntar sobre una cuestión que compete a todos los españoles. La Generalitat ya ha perjudicado suficiente los derechos de los catalanes.
Además, no tiene ninguna base legal ni garantías democráticas, pues no dispone de censo, ni administración electoral, ni ley que la ampare y “está conducida por quienes quieren un resultado concreto”, la Generalitat, que contará con voluntarios “captados, seleccionados e instruidos”. En este sentido, insinuó que podrían manipular los resultados y aseguró que a determinados funcionarios públicos, como los directores de institutos, se les ha invitado a participar con una “voluntariedad un tanto peculiar”.
Con el recurso, el Gobierno quiere “velar por el cumplimiento de la ley, la integridad de la democracia y los derechos de los ciudadanos”, a quienes Mas ha dejado en “la intemperie legal” al no asumir la responsabilidad de la consulta firmando el decreto correspondiente. Preguntada por la posibilidad de que el Ejecutivo de Rajoy corte la financiación, Sáenz de Santamaría ha descartado esa posibilidad alegando que “la Generalitat ya ha perjudicado suficiente los derechos de los catalanes”.
VLCNoticias|Redacción
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