El pleno del Consell ha aprobado este viernes el proyecto de la Ley de Función Pública Valenciana que desarrollará el requisito lingüístico, con un reglamento posterior que marcará los niveles específicos para cada puesto en función de la relación de los funcionarios con la ciudadanía.
Con este paso arranca el trámite parlamentario de una norma que pretende “adaptar la administración a las necesidades del XXI”, como ha destacado la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa tras el pleno junto a la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra.
La ley trata de solventar los problemas que detectó una comisión de expertos en 2016, con “una nueva visión de la administración centrada en la transparencia, la independencia y la profesionalización”. Potenciar la igualdad de género, rejuvenecer las plantillas y agilizar los procesos selectivos son algunos de los objetivos.
El requisito lingüístico se desarrollará en un reglamento a partir de la “foto fija” que elaborará otra comisión de expertos, para adecuarlo a cada puesto. El proyecto establece un plazo de un año para regular esta acreditación, previo informe favorable de la dirección general de Política Lingüística de la Conselleria de Educación.
Preguntada por los retrasos y la “falta de consenso” entre Función Pública y Educación, la consellera ha insistido en que “el requisito ha estado previsto primer momento y no es una cosa rara”, como en todas las leyes similares en las comunidades autónomas bilingües. “No se ha hecho ninguna renuncia a nada. Conflicto, creo que ninguno”, ha recalcado.
Bravo ha defendido así que el Botànic ha dado “ejemplos más que suficientes, no solo en la legislatura pasada, de que apuesta por el diálogo”. Ha reconocido que “pueden haber discrepancias en un momento dado”, puntualizando que a través de la “buena voluntad” son capaces de llegar a acuerdos: “Al final, del texto inicial de hace 15 días al de ahora es una cuestión de matices que se han consensuado”.
