El Consell ha aprobado un contrato de 4,5 millones de euros para inspeccionar y apuntalar viviendas que presentan riesgo debido a los daños causados por la dana. La Vicepresidencia Primera y la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, a través de la Secretaría Autonómica de la Vivienda, ha otorgado este contrato al Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) por un total de 4.551.354 euros. Según ha comunicado la administración autonómica, el IVE se encargará de inspeccionar las edificaciones que no han sido financiadas previamente por otros organismos públicos.
Además, se incluyen inspecciones a los 885 garajes que resultaron inundados, según un listado de la Diputación de Valencia, para evaluar el estado estructural de las edificaciones. La vicepresidenta primera, Susana Camarero, ha señalado que estas inspecciones son inéditas y están destinadas a verificar la integridad estructural de los edificios después de haber mantenido lodo en sus garajes por semanas.
El contrato prevé la realización de 15.000 informes y la inspección de 30.000 viviendas, con alrededor de 200 intervenciones de apuntalamiento para garantizar la seguridad estructural. Camarero destacó que el proceso tiene un plazo de ejecución de nueve meses; sin embargo, las inspecciones en los sótanos concluirán entre abril y mayo, habiendo completado más del 50% de las inspecciones necesarias.
El acuerdo incluye las labores de apuntalamiento de viviendas, la elaboración de actas correspondientes, y la dirección y certificación de los procesos de estabilización de forjados, vigas y otros elementos estructurales. Desde el 2 de noviembre, el Grupo de Edificaciones del IVE ha iniciado las inspecciones de edificios dañados, en coordinación con los ayuntamientos, independientemente de si cuentan con seguro.
Hasta el momento, la Generalitat ha financiado 14.886 informes ante el desinterés del Gobierno central por cubrir el costo de inspecciones a edificios asegurados. La Generalitat continúa con estas inspecciones para evitar un posible riesgo de habitabilidad debido al retraso en el pago de seguros.
Por otra parte, el Consell ha aprobado un paquete de ayudas urgentes de 700.000 euros destinado a la demolición de viviendas gravemente dañadas o destruidas por la riada del 29 de octubre. El objetivo es facilitar la demolición de inmuebles en estado de ruina o peligro que representan una amenaza para la seguridad pública y el entorno urbano. Según los informes del IVE, al menos 67 viviendas requieren demolición total.
Las subvenciones cubrirán hasta 16.000 euros por vivienda afectada y financiarán la demolición total, adecuación posterior y honorarios técnicos relacionados. Las ayudas beneficiarán a propietarios de bienes inmuebles ubicados en municipios afectados por la dana que hayan sido totalmente destruidos. Estas acciones forman parte de las medidas adoptadas por el Consell para mitigar el impacto de la dana y reafirman el compromiso de la Generalitat con la recuperación territorial y protección de los afectados.
