– Oltra: “El objetivo es dar respuesta, con carácter urgente e inmediato, a las necesidades de vivienda, agravadas por la crisis de la COVID-19”
– Dalmau: “El decreto ley supondrá un antes y un después en las políticas públicas de vivienda” en la Comunitat Valenciana y resto de España
El Consell ha aprobado el decreto ley para la ampliación del parque público de viviendas en la Comunitat Valenciana mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, que ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión semanal del Gobierno valenciano, ha asegurado que el decreto ley “pretende dar respuesta, con carácter urgente e inmediato, a las necesidades de vivienda, que se han visto agravadas como consecuencia de los efectos socioeconómicos de la COVID-19”.
A este respecto, la vicepresidenta ha destacado que el Gobierno valenciano “considera necesario contar con un parque público de viviendas que, igual que ocurre con otros países de nuestro entorno, contribuya, de forma efectiva y eficaz, a garantizar el derecho constitucional a la vivienda en nuestro territorio”.
Por su parte, el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, que ha comparecido en la rueda de prensa para explicar las bases del decreto ley, ha insistido en que “supondrá un antes y un después en las políticas públicas en vivienda, no solo en la Comunitat Valenciana, sino también en el resto del Estado español”.
En este sentido, Dalmau ha hecho hincapié en que en el decreto ley “se dan, por primera vez, las herramientas necesarias para evitar que las casas donde vive la gente acaben siendo propiedad de los fondos de inversión”.
De este modo, el decreto ley para la ampliación del parque público de viviendas en la Comunitat Valenciana impulsa derecho de adquisición preferente de viviendas por parte de la Administración al introducir, por primera vez, la cualificación permanente de las residencias adquiridas mediante el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, lo que supone la incorporación de estas al régimen de protección pública con carácter general y sin límite temporal.
Ayudas al comercio y la artesanía
Por otra parte, entre los acuerdos adoptados por el Consell relacionados con la crisis sociosanitaria provocada por la COVID-19, se ha aprobado el decreto de bases reguladoras para la concesión directa de ayudas urgentes a las pymes y micropymes en materia de comercio y artesanía, que se hayan visto afectados como consecuencia del coronavirus.
La vicepresidenta ha señalado que es “una prioridad para este Consell el apoyo al comercio de proximidad y a la artesanía en el marco de una economía equilibrada y responsable, que contribuya a la mejora de la competitividad de las empresas comerciales y a la adaptación de los cambios del mercado, mejorando la eficiencia, la gestión y la productividad, especialmente de las pequeñas empresas”.
Este decreto, por tanto, “da una respuesta urgente a la excepcional situación del sector, que se ha visto obligado a hacer unos gastos para poder abrir sus puertas, cumpliendo con los requisitos exigidos para garantizar la seguridad de comerciantes y clientes”, ha destacado Oltra.
De este modo, estas ayudas, que cuentan con un importe global de 7,4 millones de euros, subvencionarán los gastos corrientes en medidas de protección, prevención e higiene; la puesta en marcha de servicios logísticos de proximidad, como el reparto a domicilio, la digitalización del comercio y la implantación de la venta en línea; y las inversiones de equipamiento para la adaptación o transformación de los puntos de venta para conseguir la protección de comerciantes y clientes.
Transición a la normalidad en residencias
Asimismo, el Consell ha aprobado también la resolución de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se establece el Plan de transición a la nueva normalidad de las residencias de personas mayores dependientes, centros de día, viviendas tuteladas y Centros Especializados de Atención a Mayores (CEAM).
La resolución prevé las medidas de seguridad e higiene y las organizativas y de funcionamiento que se han de adoptar en cada fase concreta de la desescalada.
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