El Consell “respeta” las decisiones judiciales pero defiende la constitucionalidad de la Ley de Concordia
Valencia, 27 de mayo. La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha asegurado que la Generalitat Valenciana respeta las decisiones de los tribunales, pero ha enfatizado que “continuará defendiendo la constitucionalidad” de la Ley 5/2024, de 26 de julio, de la Generalitat, de Concordia de la Comunitat Valenciana. Esta declaración surge después de que el Pleno del Tribunal Constitucional admitiera a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cuestiona varios artículos de dicha ley y ha suspendido algunos de sus preceptos.
La consellera ha manifestado que “la suspensión automática de la ley no prejuzga la constitucionalidad” de los preceptos cuestionados y ha añadido que, conforme al artículo 161.2 de la Constitución, la suspensión “se produce por la simple impugnación por parte del Gobierno”. “Esto no significa que el recurso vaya a ser estimado, ni que se haya decidido sobre el fondo del asunto. El Tribunal Constitucional ahora puede ratificar la suspensión o levantarla”, explicó, reiterando que la Generalitat defiende que “no existen los argumentos jurídicos planteados que sugieren una posible invasión de la competencia estatal”.
Martínez recordó que la Ley 5/2024 de la Generalitat de Concordia fue aprobada el 26 de julio de 2024 y que a finales de septiembre del mismo año, su departamento recibió una invitación para iniciar un procedimiento conforme al artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esto llevó a la creación de una comisión bilateral que finalmente se celebró el 2 de abril de este año. La consellera calificó la comisión como “un auténtico paripé que no dio margen para nada”, finalizando sin un acuerdo que “superase las objeciones realizadas por el Gobierno”, ya que el Consell defendía la constitucionalidad de la Ley de Concordia en el ejercicio de sus competencias y en pleno respeto a la Constitución Española.
La Generalitat ha defendido que el artículo 1.1 de esta ley “amplía el alcance temporal y conceptual de la protección de la víctima, reconociendo como tales a todas las víctimas de la violencia social y política, así como a quienes han sido perseguidos ideológica y religiosamente en la Comunitat Valenciana, desde 1931 hasta la actualidad”. “La Ley de Concordia es más integradora e inclusiva que la ley anterior. No hay rangos entre las víctimas”, reiteró Martínez, destacando que la Generalitat reconoce como víctimas a todas las personas que lo han sido, sin importar su adscripción ideológica, política, religiosa o social.
En la misma línea, defendió que “para el legislador autonómico no hay distinción entre víctimas”. “La Generalitat les otorga a todas el mismo tratamiento bajo el principio de igualdad”, subrayó. Martínez criticó que “el Gobierno de España no solo nos somete a una asfixia económica, sino también a una asfixia de nuestra autonomía legislativa. Nos impugnan todo, mientras que con otras autonomías, de las cuales son vasallos, miran para otro lado. Esta actitud es de todo menos responsable: es desmedida y generadora de desigualdades”, concluyó.
