Desde la Conselleria de Hacienda y Administración Pública se ha lanzado un comunicado para realizar diversas aclaraciones con respecto al Plan de Pago a Proveedores 2012 y el uso totalmente legal, asegura, que se ha hecho de él en la Comunitat Valenciana.

La Conselleria valora como “preocupante” el hecho de que “diputados valencianos de la oposición confundan conceptos que deben ser tan claras como son el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico“, en relación con las declaraciones que se han escuchado a lo largo de esta última semana respecto al uso que de estos fondos se ha hecho desde el Consell.

El Plan de Pago a proveedores, explica el área económica del Consell, es un mecanismo de pago y cancelación de deudas pendientes con proveedores dispuesto por el Gobierno Central que ofrece la posibilidad de aliviar la pesada deuda comercial de comunidades autónomas y entes locales, transformándola en deuda financiera. Así, la Conselleria asegura que “los recursos del mecanismo del plan de pago a proveedores únicamente pueden utilizarse en la cancelación de obligaciones pendientes de pago con los proveedores, sin que exista la posibilidad de destinar estos recursos a otras finalidades”.

Por otro lado, el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es una línea de crédito dispuesta por el Gobierno Central a la que se han adherido diversas comunidades, entre la que se encuentra la valenciana, que obtiene así la financiación necesaria para atender el déficit, los vencimientos de valores y préstamos con entidades no residentes, la devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, así como otros vencimientos.

“Realizada esta aclaración, -continua el comunicado- y respecto al Plan de Pago a Proveedores que el Gobierno central puso en marcha en 2012 cabe destacar que éste y el uso que desde la Generalitat se ha hecho de él, es completamente lícito, destacando que más del 75% de las facturas cubiertas pertenecen a materias contempladas en las áreas de Sanidad, Educación y Bienestar Social”.

“En ningún caso es la Generalitat quien elige o decide lo que se paga y lo que no, ya que el mecanismo no deja ninguna discrecionalidad al respecto. El proceso de adhesión al Plan de Pago a Proveedores viene determinado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la relación de conceptos que se puede incluir en los distintos Planes de Pago a Proveedores que se han dispuesto ha venido fijado por la normativa aprobada por el Gobierno Central a efecto en cada ocasión.”

Lo que hacen las  administraciones autonómicas es remitir la relación definitiva de facturas que se incluye en el Plan al Ministerio y los pagos son abonados a través del ICO tras la aprobación de los mismos por parte de la Intervención General del Estado. No puede en ningún caso dudarse de su legalidad. Este Plan ha supuesto una inyección de 4.354 millones en la Comunitat Valenciana que ha permitido pagar más de 593.000 facturas pendientes del año 2011 y anteriores. No se puede atender a facturas concretas sacadas de contexto, con lo que se ha pretendido desvirtuar las ventajas de la adhesión de la Comunitat Valenciana al Plan de Pago a Proveedores.

Este plan, afirma el Consell, ha supuesto una importante inyección de liquidez para el tejido productivo valenciano, y ha contribuido a dinamizar la economía de esta comunidad. Esta importante inyección de capital en la economía de la Comunitat permitió hacer frente a gran parte de la deuda comercial pendiente y ha contribuido al mantenimiento de miles de puestos de trabajo en las empresas.

Estas facturas han sido aportadas por la propia Generalitat, en un ejercicio de transparencia, y cumplen con todos los requisitos legales y han sido fiscalizadas por la Intervención. Tal y como establecen las normas que regulan este Plan, se trata de facturas corresponden a obligaciones de pago vencidas, líquidas y exigibles, que proceden de la ejecución de contratos de obras, gestión de servicios públicos, suministros y servicios tanto de la Generalitat como de las empresas públicas.

La normativa reguladora del citado plan -termina el comunicado- indica de forma expresa que “se entiende por contratistas (proveedores) tanto a adjudicatarios del contrato como al cesionario a quien le haya transmitido su derecho a cobro. De aquí los pagos a los bancos a los que se ha hecho alusión en la prensa, que son pagos efectuados en cuanto cesionarios de las obligaciones”.

El Consell ha tardado casi una semana en defender el uso legal del Plan de Pago a Proveedores y el FLA, lo que ha provocado cierto clima de desconfianza entre la oposición, aunque realmente cabe preguntarse si este retraso se debe a la necesidad de buscar argumentos o simplemente a que nos encontramos en el siempre complicado mes de agosto. En cualquier caso, la polémica ya está en la calle y a buen seguro ocupará no pocas sesiones en el hemiciclo autonómico.

VLC Noticias | Redacción

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