El diputado de EUPV en Les Corts, Ignacio Blanco, ha denunciado de nuevo la opacidad que envuelve al caso del ‘topo’ de Presidencia. “Así como el otro día nos dieron acceso, limitado y sin copia eso sí, al informe de conclusiones de los interrogatorios a funcionarios de Presidencia que se hicieron en enero de 2014, ahora nos niegan información, a través de una respuesta del conseller de Governació, sobre la investigación posterior referida a las actuaciones del Jefe de Seguridad de Fabra. Asímismo, el conseller Santamaria vuelve a agarrarse al criterio de la ‘reserva’ para impedirnos acceder a esta información. Parece que hay, una vez más, mucho que esconder”, critica.
Blanco preguntó hace unos meses quiénes fueron las personas concretas que prestaron declaración en esta investigación interna, “y lo hicimos porque el conseller Santamaría dijo que se había interrogado a diez personas, y queremos saber quiénes son, y específicamente si entre ellas estaban el presidente Fabra y el vicepresidente Císcar, que parece que se espían entre ellos”, remarca.
El portavoz de EUPV anunció que su grupo parlamentario reiterará las preguntas, “porque exigimos claridad en el escándalo del topo y porque el asunto es serio. Queremos saber quiénes son las personas que fueron interrogadas en la investigación policial o parapolicial, porque se podrían haber vulnerado derechos fundamentales”. Blanco subrayó: “ya sabemos que el asunto está en estos momentos en el juzgado, que podría haber ilegalidades penales, pero queremos también que se asuman responsabilidades políticas, y el hecho de que la documentación se haya entregado a la Fiscalía no es obstáculo para que también tengan derecho a disponer de ella como representantes de los ciudadanos”.
La Justicia sigue adelante con la querella de EU contra varios consejeros para “opacidad crónica”
El juzgado de instrucción número 2 de Valencia ha dictado una providencia por la que sigue adelante con las diligencias previas por la querella que presentó Izquierda Unida el pasado mes de noviembre contra cuatro consejeros en activo – Mª José Catalán, Máximo Buch, José Císcar y Isabel Bonig- y un ex consejero – Serafín Castellano-, para impedir los derechos cívicos de los diputados de Izquierda Unida, “al negarnos documentación que habíamos solicitado como diputados y diputadas de las Cortes Valencianas”, explica el síndico de EUPV, Ignacio Blanco. Blanco actúa como querellante en este procedimiento, junto a la coordinadora de la formación de izquierdas, Marga Sanz, y el resto de diputados del grupo parlamentario, Esther López Barceló y Lluís Torró, y el ex diputada Marina Albiol. El juzgado ha pedido al Consejo que certifique la condición de miembros de este de los consejeros y ex consejero, con la previsión de que el procedimiento pueda pasar al TSJ por su condición de aforados.
El síndico de EUPV destaca: “de momento la querella ya ha tenido sus efectos, porque se nos ha dado, aunque sea limitada y parcial, documentación que previamente nos había negado, como es el caso de la investigación del topo de Presidencia. Aun así, todavía hay muchas sentencias por cumplir, siguen habiendo muchas negativas injustificadas, siguen habiendo muchos procedimientos en los que el Consejo ha sido condenado y que el juzgado de instrucción ya ha solicitado al TSJ que le libre notificación “.
Blanco ha recordado que Izquierda Unida ha ganado casi una veintena de sentencias, “más las del resto de grupos parlamentarios de la oposición, que suman ya entre todas una treintena. Y son las que avalan esta querella. En cada una de ellas la Justicia ya se ha pronunciando determinante que se ha vulnerado la Constitución y la ley, y que no se nos da ningún argumento legal para denegar hacernos la documentación o información que reclamamos “. El parlamentario muestra su confianza con la Justicia. “Esperamos que el proceso avance rápido hasta el final. S ABEM que los querellados están nerviosos, y la verdad es que tienen motivos para estarlo “.
“La opacidad del Consejo no puede tener premio, a la inversa, por eso están las leyes, para hacerse cumplir. La transparencia es el único antídoto contra la corrupción, y nuestra acción legal en este caso busca precisamente eso, evitar que se vuelvan a reproducir los casos de corrupción que hemos sufrido en la Comunidad Valenciana durante los últimos años “, subraya Blanco.
VLC Noticias | Redacción
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