Un fiscal del caso de la dana en Valencia ha ratificado que la resolución emitida en julio por la magistrada instructora es conforme a derecho. En dicha resolución se rechazó cambiar la condición del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, de testigo a investigado. El fiscal también destacó que la atención a la presa de Forata, durante el Cecopi del 29 de octubre, no impedía supervisar otras emergencias ocurridas ese día.
El documento, dirigido al tribunal de la Audiencia de Valencia y fechado el 17 de septiembre, solicita desestimar el recurso de apelación presentado por Vox. Esta acusación popular cuestionaba la decisión de la jueza de no practicar ciertas diligencias solicitadas por Liberum. Esta última también solicitaba declaraciones como testigos de la presidenta de Aemet, María José Rallo, y de técnicos y personal relacionados con la presa.
El fiscal sostiene que la resolución es “ajustada a derecho” y solicita a la Audiencia su confirmación. Según documentos de la Conselleria de Emergencias e Interior, entre el 26 y el 30 de octubre de 2024, Aemet y la CHJ remitieron información al Centro de Coordinación de Emergencias. Así mismo, el día 29 de octubre, a las 11:45 horas, se activó la alerta hidrológica en municipios asociados al río Magro.
El plan de emergencias de la Comunitat Valenciana avanzó la situación a fase de emergencia, escenario cero, permitiendo al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana asumir la dirección de las acciones de control. Según un informe de la Guardia Civil, el desembalse de la presa de Forata comenzó entre las 17:00 y las 18:00 horas del 29 de octubre, coincidiendo con lluvias torrenciales en Turís que afectaron al río Magro. Sin embargo, no se puede determinar cuánto contribuyó el desembalse al desbordamiento del río Magro.
El fiscal también considera innecesario investigar por qué el Cecopi centró su atención en la emergencia de Forata, argumentando que esto no interfería con otras emergencias. La jueza había fundamentado su rechazo a las diligencias en informes de la Guardia Civil que desestimaban “bulos sobre el efecto de la presa Forata en el barranco del Poyo”, además de otras teorías superadas y contradichas por decisiones anteriores de la Audiencia Provincial de Valencia.
Después de la declaración de Polo, otra acusación popular, Valores, ha solicitado que se investigue al presidente de la CHJ al considerar que existen indicios de criminalidad en su actuación.
