El Consejo de Ministros aprobó este martes el decreto que fija los criterios para la distribución de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla entre el resto de comunidades autónomas. La medida, de carácter obligatorio, establece que cada autonomía deberá contar con al menos 32 plazas por cada 100.000 habitantes.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, subrayó que se trata de un “paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante”. “Estamos hablando de niños y niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de dar un acogimiento digno, solidario y, también, humanitario”, señaló tras el Consejo de Ministros.

Un mecanismo de solidaridad obligatoria

El decreto desarrolla el sistema de solidaridad que reclamaba Canarias ante la saturación de sus recursos y permitirá reubicar a unos 3.000 menores en un año. El traslado deberá efectuarse en un plazo máximo de 15 días desde la llegada a las zonas más tensionadas.

Según los datos del Ejecutivo, la mayoría de comunidades acoge actualmente a menos menores de los que correspondería por población. Andalucía (-1.372), la Comunidad Valenciana (-1.216) y Galicia (-620) son las regiones que presentan una mayor diferencia negativa. En cambio, territorios como Canarias, Ceuta o Euskadi cumplen ya con los cupos.

En un cálculo preliminar, los territorios que más menores recibirán son Andalucía (677), Madrid (647) y Comunidad Valenciana (571). País Vasco y Cataluña quedarían exentos por el esfuerzo previo realizado, aunque Cataluña ya ha anunciado que acogerá al menos 31 menores, como en campañas anteriores.

Recursos y financiación

El plan está dotado con 100 millones de euros este año, destinados a sufragar los traslados y los tres primeros meses de estancia de los menores en sus nuevos destinos. También se compensará económicamente la sobreocupación en territorios especialmente tensionados como Aragón, Baleares, Canarias, Ceuta o La Rioja.

De acuerdo con las previsiones, Canarias será la comunidad que más fondos reciba (24,2 millones), seguida de Madrid (15,8) y Andalucía (8,8). La Comunidad Valenciana percibirá 7,45 millones, frente a los 45,5 que la Generalitat calcula que costará realmente la atención a los 571 menores asignados.

Críticas del PP y del Consell

La medida ha reavivado la confrontación política. Diez autonomías gobernadas por el PP —entre ellas la Comunidad Valenciana— y Castilla-La Mancha han presentado recurso ante el Tribunal Constitucional. Además, Madrid y Baleares han llevado el caso al Tribunal Supremo y han solicitado suspender cautelarmente el reparto.

Desde el Consell, la vicepresidenta Susana Camarero acusó al Ejecutivo de “improvisación” y aseguró que la Generalitat no dispone de información concreta sobre los traslados:

“No sabemos ni cuántos ni cuándo ni qué menores llegarán. Tampoco su edad, ni si son hombres o mujeres, ni si tienen alguna discapacidad o enfermedad”, lamentó.

Camarero subrayó que la Comunidad Valenciana está actualmente al 160 % de su capacidad de acogida, con unos 500 menores atendidos y solo 319 plazas habilitadas.

Una cuestión humanitaria y política

Mientras el Gobierno central defiende que el decreto es la única forma de garantizar un reparto solidario y homogéneo, las comunidades gobernadas por el PP insisten en que se trata de una imposición y reclaman más financiación.

En cualquier caso, la norma es de obligado cumplimiento y, en caso de negativa, los menores serán acompañados por profesionales y entregados a las autoridades autonómicas de destino con apoyo de las fuerzas de seguridad.

El debate, que mezcla responsabilidad humanitaria, capacidad de acogida y tensión política, promete prolongarse en los tribunales y en el escenario autonómico en los próximos meses