El gobierno municipal de Alicante, liderado por el alcalde Luis Barcala (PP), y el PSPV, desde la oposición, han llegado a un acuerdo para amplificar la moratoria de licencias de pisos turísticos en bloques completos. La iniciativa fue aprobada en la comisión de Urbanismo, con la abstención de Vox y Compromís.
A cambio del apoyo del PSPV en el pleno ordinario del 31 de julio, el Partido Popular se compromete a respaldar una declaración institucional socialista. Esta incluye peticiones como que el Ayuntamiento se adhiera al convenio de la Generalitat para gestionar procedimientos sancionadores por infracciones en viviendas de uso turístico, antes de terminar el año.
Otra propuesta es presentar un estudio y modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para vetar nuevos apartamentos turísticos en bajos comerciales, donde el análisis así lo indique. Además, se plantea incluir en la web municipal del Patronato de Turismo los apartamentos legales antes de que termine el año, junto con la creación de una mesa técnica para combatir el intrusismo en el sector turístico.
La declaración también busca incentivar la construcción de viviendas y declarar la construcción en solares o la rehabilitación forzosa de edificios, con el fin de aumentar el parque de viviendas.
Rocío Gómez, concejala de Urbanismo, resaltó la voluntad del gobierno local de dialogar, pese a tener garantizado el respaldo en el pleno extraordinario. Señaló que están abiertos a recibir propuestas que contribuyan positivamente a sus objetivos de garantizar el acceso a la vivienda y proteger la identidad de los barrios.
Ana Barceló, portavoz del PSPV en el Ayuntamiento, subrayó la urgencia de afrontar el problema del acceso a la vivienda en Alicante, una ciudad que ha crecido en 10,000 personas el último año. Destacó la necesidad de construir nuevas viviendas y reincorporar al mercado las viviendas turísticas ilegales a través de inspecciones y sanciones gestionadas por el consistorio.
