Mandos especializados estiman que unas 400.000 personas podrían no cumplir el requisito de residir en España antes del 1 de enero de 2026, aunque el Gobierno rechaza el llamado “efecto llamada” y defiende el proceso.
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La cifra de solicitudes supera ampliamente las previsiones
La regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno ha cerrado el plazo de presentación con una cifra cercana a 1,3 millones de solicitudes, muy por encima de las aproximadamente 500.000 que el Ejecutivo manejó inicialmente.
Este fuerte incremento ha abierto un intenso debate sobre el alcance real del proceso y sobre si todas las personas que han solicitado acogerse a la medida cumplen los requisitos establecidos.
Mandos policiales calculan que podrían haberse presentado 400.000 solicitudes irregulares
Según publica El Español, fuentes policiales especializadas en Extranjería consideran que antes del 1 de enero de 2026 residían en España alrededor de 850.000 inmigrantes en situación irregular, frente a las más de 1,3 millones de solicitudes registradas. A partir de esa diferencia, estiman que unas 400.000 personas podrían haber accedido al procedimiento sin cumplir el requisito de residencia previa, aunque esa cifra no ha sido confirmada oficialmente.
Los mismos mandos sostienen que durante los últimos meses detectaron posibles intentos de fraude documental y alertaron sobre un posible efecto llamada asociado al proceso de regularización.
El Gobierno niega un efecto llamada
El Ministerio de Inclusión rechaza esa interpretación y sostiene que el elevado número de solicitudes no demuestra por sí mismo que exista fraude.
La ministra Elma Saiz ha defendido que las llegadas irregulares a España han descendido de forma notable y asegura que el proceso dispone de mecanismos para verificar individualmente cada expediente antes de conceder la autorización de residencia. Además, ha señalado que una parte importante de las solicitudes ya ha sido admitida a trámite.
Extranjería revisará cada expediente
El procedimiento no supone la concesión automática de permisos de residencia.
La normativa exige acreditar, entre otros requisitos:
- Haber estado en España antes del 1 de enero de 2026.
- Demostrar una permanencia continuada de al menos cinco meses.
- Carecer de antecedentes penales y no representar un riesgo para el orden público o la seguridad.
Las oficinas de Extranjería serán las encargadas de comprobar la documentación presentada y resolver cada solicitud de forma individual.
Un proceso bajo debate político
Mientras algunos sectores consideran que la elevada cifra de expedientes evidencia posibles irregularidades y piden reforzar los controles, el Gobierno sostiene que la regularización responde a una realidad ya existente y facilitará la integración laboral y social de cientos de miles de personas que ya vivían en España.
Por el momento, no existe una confirmación oficial de que esas 400.000 solicitudes sean fraudulentas. Se trata de una estimación atribuida a fuentes policiales publicada por El Español, mientras continúa la revisión administrativa de los expedientes por parte de la Administración.
¿Crees que deberían endurecerse los controles durante la revisión de las solicitudes o consideras que el sistema actual ya ofrece suficientes garantías?
