El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto que actualiza la capacidad ordinaria de acogida de menores inmigrantes no acompañados en todas las comunidades autónomas. Con esta revisión, la Comunitat Valenciana pasa a contar con una capacidad de 1.903 plazas, una cifra que servirá de referencia para el sistema de redistribución entre territorios.
La medida forma parte del modelo impulsado por el Ejecutivo para repartir la atención a estos menores en función del peso demográfico de cada autonomía y aliviar la presión que soportan las zonas de llegada, especialmente Canarias, Ceuta y Melilla.
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La Comunitat Valenciana, entre las autonomías con mayor capacidad
Según los datos difundidos por el Ministerio de Juventud e Infancia, Andalucía encabeza la clasificación con 3.009 plazas, seguida de Cataluña (2.829), la Comunidad de Madrid (2.471) y la Comunitat Valenciana (1.903).
Por detrás aparecen Galicia (940), Castilla y León (830), Canarias (783), País Vasco (776), Castilla-La Mancha (742), Región de Murcia (553), Aragón (476), Baleares (434) y Extremadura (364). Cierran la lista Asturias, Navarra, Cantabria, La Rioja, Melilla y Ceuta.
Cómo funciona el nuevo sistema
La capacidad ordinaria representa el número de menores que, según los criterios establecidos por el Gobierno, corresponde atender a cada comunidad autónoma.
Cuando un territorio supera tres veces esa capacidad, se considera que atraviesa una situación de contingencia migratoria y puede solicitar el traslado de menores a otras autonomías dentro del sistema estatal de redistribución.
Actualmente, Canarias, Ceuta y Melilla son los únicos territorios que superan ese umbral y pueden activar este mecanismo.
Un modelo que divide a las comunidades
La actualización consolida el sistema aprobado tras la reforma de la legislación de extranjería impulsada en 2025 para repartir de forma más equilibrada la atención a los menores migrantes no acompañados.
El modelo ha recibido el respaldo del Gobierno central, que defiende que todas las comunidades deben compartir esta responsabilidad con independencia del lugar por el que entren los menores en España.
Sin embargo, varias comunidades gobernadas por el Partido Popular han mostrado su rechazo al sistema y cuestionan tanto los criterios de reparto como la capacidad de los servicios autonómicos para asumir nuevas plazas.
Financiación para la atención de los menores
El Ejecutivo recuerda que este sistema va acompañado de financiación estatal para reforzar los recursos de las autonomías.
Según el Ministerio de Juventud e Infancia, durante el último año se distribuyeron 230 millones de euros entre las comunidades autónomas para sufragar la atención de menores migrantes no acompañados, destinándose más de la mitad de esa cantidad a Canarias por la presión migratoria que soporta.
