La lucha contra la okupación ilegal entra en una nueva fase en la Comunitat Valenciana. La Generalitat ha intensificado las medidas de protección sobre el parque público de viviendas con la instalación de cientos de alarmas, puertas de alta seguridad y servicios de vigilancia durante las 24 horas, además de ampliar las ayudas dirigidas a propietarios afectados.
El objetivo es reforzar la seguridad de los inmuebles públicos y ofrecer más respaldo a quienes sufren ocupaciones ilegales o impagos relacionados con el alquiler.
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Alarmas y puertas reforzadas para proteger las viviendas públicas
Dentro del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas, el Consell ha iniciado la instalación de 300 sistemas de alarma, repartidos entre las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, con una inversión superior a 4,7 millones de euros.
A esta actuación se suma la colocación de 608 puertas antivandálicas desde el inicio de la legislatura, además de más de 1.200 intervenciones destinadas a reforzar la seguridad de los inmuebles públicos. Entre ellas figuran cambios de puertas, tapiados, descerrajamientos o nuevas medidas de protección para impedir accesos ilegales.
Vigilancia las 24 horas en edificios públicos
Otra de las principales novedades del plan pasa por el refuerzo de la seguridad privada en varios grupos de viviendas públicas.
Equipos de vigilancia permanecen operativos durante todo el día realizando controles de acceso y rondas de supervisión para evitar ocupaciones ilegales o usos indebidos de garajes y zonas comunes. La inversión destinada a este servicio supera los 750.000 euros.
Más ayudas para propietarios afectados
El plan también incorpora nuevas medidas dirigidas a propietarios particulares.
La Generalitat ha duplicado hasta 500.000 euros la partida destinada a ayudas para víctimas de la okupación y mantiene una línea específica de compensaciones económicas para arrendadores afectados por la suspensión de desahucios, con una dotación de 450.000 euros.
Además, se ha activado otra línea de 500.000 euros destinada a subvencionar seguros antiokupación y de impago, con la intención de facilitar que más viviendas vacías puedan incorporarse al mercado del alquiler con mayores garantías para sus propietarios.
Una oficina para atender a las víctimas
Como complemento a las medidas de prevención, la Generalitat mantiene en funcionamiento la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, accesible a través del teléfono 012.
El servicio ofrece asesoramiento gratuito, orientación jurídica y atención personalizada mediante una red formada por más de un centenar de puntos de atención repartidos por toda la Comunitat Valenciana, entre oficinas de asistencia a víctimas y servicios de orientación jurídica.
Formación y coordinación para prevenir nuevas ocupaciones
El plan también contempla actuaciones dirigidas a mejorar la coordinación institucional.
Entre ellas figuran programas de formación para policías locales, jornadas especializadas para abogados y personal jurídico, acuerdos con administradores de fincas y colaboración con ayuntamientos para compartir información y agilizar la respuesta ante posibles ocupaciones ilegales.
Con este conjunto de medidas, el Consell pretende reforzar la protección del parque público de viviendas, aumentar la seguridad jurídica de los propietarios y facilitar herramientas preventivas frente a uno de los problemas que más preocupa actualmente en el mercado residencial.
