Marlaska insiste en que no hubo un aviso que anticipara lo ocurrido el 30 y 31 de julio, mientras PP, Compromís, ERC, PNV, Bildu y Junts cuestionan la gestión de las comunicaciones de Inteligencia

La desclasificación de cerca de 40 documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta ha abierto una nueva batalla política sobre qué información recibió el Gobierno antes de la entrada de más de 70.000 personas desde Marruecos. El Ejecutivo mantiene que el CNI no emitió una alerta oficial que anticipara un episodio de las dimensiones finalmente registradas, mientras la oposición y varios socios parlamentarios reclaman responsabilidades por la gestión de los avisos previos.

El debate se centra especialmente en las comunicaciones realizadas por el Centro Nacional de Inteligencia antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y en si la información disponible debía haber provocado una respuesta preventiva diferente.

El Gobierno sostiene que las comunicaciones del CNI no fueron una alerta oficial

Uno de los documentos conocidos recoge un mensaje de WhatsApp del CNI sobre una posible entrada masiva dirigido a un miembro del gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.

El delegado, Miguel Ángel Pérez Triano, rechaza que esa comunicación pueda considerarse una alerta formal. Según ha defendido, los avisos oficiales del CNI utilizan sus propios canales y un mensaje de WhatsApp debe interpretarse como una conversación o comentario, no como una alerta oficial.

El propio CNI, según la información desclasificada, trasladó datos sobre una campaña desarrollada en redes sociales que llamaba a dirigirse hacia la frontera de Ceuta, aunque posteriormente reconoció que “no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que acabó ocurriendo” el 30 de julio.

Entre los documentos figura también una nota de “alerta temprana” remitida por el CNI a los servicios de inteligencia marroquíes, además de comunicaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.

Marlaska: “No hubo ninguna alerta”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que no existió una alerta que anticipara una entrada irregular masiva en los términos en los que finalmente se produjo.

Marlaska sostiene que la información disponible era compatible con el incremento habitual de entradas irregulares durante el verano en Ceuta, especialmente por vía marítima, y ha mantenido la posición defendida por el Gobierno desde el inicio de la crisis.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha cerrado filas con el Ejecutivo después de las diferencias de interpretación surgidas durante las últimas semanas. Robles asegura que el Gobierno trabaja unido, niega discrepancias internas y considera que existen escenarios cuya magnitud puede resultar “imprevisible”.

La Audiencia Nacional reclama los documentos desclasificados

La controversia política coincide con la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre lo sucedido en Ceuta durante los dos últimos días de julio.

La jueza María Tardón ha solicitado al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes una copia de la documentación desclasificada por el Gobierno.

Entre ese material se encuentran informes y comunicaciones de diferentes servicios españoles de inteligencia, así como contactos mantenidos antes de la entrada masiva.

El PP acusa a Sánchez de trasladar la responsabilidad al CNI

La desclasificación tampoco ha cerrado el enfrentamiento con el Partido Popular.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusa al presidente Pedro Sánchez de cuestionar al CNI para evitar asumir responsabilidades políticas por la gestión de Ceuta.

El portavoz popular Borja Sémper también considera que el Ejecutivo ha proyectado “desconfianza” sobre los servicios de inteligencia y reclama explicaciones sobre por qué, más de un mes después de la entrada masiva, nadie ha asumido responsabilidades en Interior, Defensa o Moncloa.

Compromís señala al delegado del Gobierno en Ceuta

Las críticas no proceden únicamente de la oposición. Àgueda Micó, diputada de Compromís, considera que los protocolos utilizados no fueron adecuados, pero también sostiene que tanto el delegado del Gobierno como el responsable de su gabinete que recibió la comunicación deberían haber actuado de forma más proactiva.

Micó reclama que alguien asuma responsabilidades y señala directamente al delegado del Gobierno en Ceuta.

Su compañero Alberto Ibáñez considera igualmente que “es evidente que algo ha fallado” y cuestiona que una información de estas características circulara mediante WhatsApp y entre personas que, según su valoración, no estaban en la cadena de mando correspondiente.

EH Bildu coincide en cuestionar el carácter oficial del aviso. Su portavoz, Mertxe Aizpurua, considera difícil interpretar como alerta oficial una comunicación por WhatsApp dirigida a una persona que no ocupaba un puesto de primera línea en el Gobierno.

ERC, PNV y Junts amplían las críticas

También se han pronunciado ERC, PNV y Junts.

Gabriel Rufián, de ERC, acusa al Gobierno de colocar al CNI y a Margarita Robles “a los pies de los caballos”. El diputado del PNV Mikel Legarda cuestiona tanto la intensidad de las alertas como la respuesta que recibieron y critica que el Ejecutivo continúe defendiendo que la actuación fue adecuada.

Por parte de Junts, Míriam Nogueras habla de un “descontrol absoluto” en el Gobierno y dirige sus críticas directamente contra Pedro Sánchez.

La controversia queda así centrada ya no solo en si existió información previa, sino en qué categoría tenían esas comunicaciones, quién las recibió, por qué canales circularon y qué decisiones se adoptaron a partir de ellas.