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El Gobierno pidió a Puigdemont que “finalice esta farsa que no tiene sentido”

4245336AGENCIAS La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que “finalice esta farsa que no tiene ningún sentido ni lleva a ningún lado” en referencia al referéndum en Cataluña de este domingo, suspendido por el Tribunal Constitucional. Ha criticado su empeño en “llevar a cabo un referéndum ilegal, inconstitucional y antidemocrático”.

Sáenz de Santamaría ha instado al Govern y a sus socios que “asuman desde este momento que lo que nunca fue real es ya claramente irrealizable“, en una comparecencia en el Palacio de La Moncloa.

“Nunca ha tenido sentido discurrir por esa senda de irresponsabilidad y no tiene sentido que continúe”, ha señalado la número dos del Ejecutivo, tras subrayar que los partidarios de la consulta “han usado a niños y personas mayores sin ningún límite“.

Sáenz de Santamaría: Al señor Puigdemont la democracia le viene enorme

“Al señor Puigdemont sencillamente la democracia le viene enorme, nunca la ha entendido”, ha subrayado Sáenz de Santamaría, que ha acusado al president de imponer sus “ambiciones personales y políticas” como “la única ley de Cataluña”.

La vicepresidenta ha defendido asimismo el trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, que han actuado “con profesionalidad, de modo proporcional y proporcionado“, ya que el objeto de sus acciones no han sido las personas sino el material electoral y proteger los derechos de todos. “Han cumplido con su obligación democrática”, ha remachado.

Un referéndum “desbaratado”

Desde primera hora de la mañana, el Ejecutivo consideraba que el Estado de Derecho había “desbaratado” el referéndum, después de que el Govern haya cambiado las reglas del juego el mismo día de la jornada del 1-O-. Fuentes del Gobierno sostenían, a la vista de la decisión tomada  a primera hora por el Ejecutivo catalán, votar en cualquier lugar, con un “censo universal”, sin sobres y con la papeleta impresa en casa “certifica que han liquidado cualquier vestigio de respetabilidad democrática“.

Si el 6 y el 7 de septiembre -cuando se aprobaron las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república- fue un bochorno democrático, lo de hoy es un bochorno electoral“, afirman en relación a este censo “universal”, que la Guardia Civil desactivó, lo que hací imposible impedir las duplicidades de voto.

La Generalitat permite votar en cualquier colegio abierto

La Guardia Civil desactiva el censo universal

Sin embargo, la Guardia Civil ha desactivado el “censo universal” por internet, lo que en la práctica hace imposible controlar las posibles duplicidades de voto. Además, con el censo caído, aclaraba el instituto armado, puede votar cualquier persona con independencia de su lugar de residencia. Es decir, nada garantiza que voten solo los catalanes.

 Por eso, y como réplica, la plataforma Escoles Obertes, que ha coordinado la ocupación y apertura de los colegios y centros de votación, ha dicho que es “muy importante” que las personas lleven móviles, cargadores y alargadores y llamaba también a obstaculizar el mandato judicial de requisar el material del referéndum.

Actuación “templada y profesional”

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha señalado que “el objetivo del operativo policial es cumplir con las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña” frente a una clase política catalana “secuestrada por una minoría radical” que moviliza las calles para que su “desvarío ilegal” tenga alguna apariencia de realidad.

Millo ha explicado que el objetivo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es “el material electoral, no las personas”. También confirmó que los Mossos d’Esquadra pidieron por escrito la colaboración de las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar el cumplimiento del mandato judicial en 233 colegios electorales, lo que confirma lo acertado del despliegue.

El delegado del Gobierno, ha repetido que Puigdemont es el único responsable de las situaciones que se produzcan y ha reiterado que “en Cataluña no hay un referéndum de autodeterminación“, que no existe la posibilidad del recuento de los votos y que por eso no se esperan cifras de participación, ya que no hay en curso un proceso electoral.

El Gobierno defiende que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado “están haciendo lo que se hace en todos los países democráticos, defender la legalidad” y que la responsabilidad por posibles daños personales es de quien se empeña en mantener un referéndum ilegal.

De hecho, para justificar esta idea, ha recopilado actuaciones similares de “disturbios o cargas policiales” en otros países europeos este mismo año, como Alemania, Italia, Francia, Holanda o Bélgica, en el contexto, por ejemplo, de la reunión del G-20 y del G-7.

El Ejecutivo ha transmitido su apoyo a los cuerpos policiales desplegados en Cataluña y ha valorado que su actuación está siendo “templada y profesional”.

El referéndum, “un absoluto paripé”

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha señalado que lo que era un referéndum ilegal se ha convertido en “un absoluto paripé“, con urnas en la calle y recogida de datos personales a mano sin poder consultar el censo electrónico. Ha insistido en la “irresponsabilidad” de Puigdemont y le ha pedido que “deponga su actitud“.

Zoido: “El referéndum ilegal se ha convertido en un paripé”

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió doblar el número de juzgados de guardia en todos los partidos judiciales de la comunidad autónoma, un total de 49, para hacer frente al 1-O. Es la primera vez que la figura del juzgado coadyuvante se aplica en toda una comunidad a la vez. Además, los juzgados de guardia adelantaron la hora de inicio de sus tareas y estaban todos en funcionamiento a la hora que abrían los colegios electorales.

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