El Gobierno quiere recuperar por decreto la primacía de los convenios sectoriales sobre los de empresa

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El Gobierno de Pedro Sánchez pretende modificar por decreto y antes de que acabe la legislatura uno de los aspectos más controvertidos de la reforma laboral de 2012, a saber, la eliminación de la ultractividad, una figura que imponía que el convenio sectorial primaba sobre el convenio de empresa y que hace siete años fue retirada en la normativa que impulsó el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Así lo ha anunciado este miércoles la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, quien ha defendido la legitimidad del Gobierno para llevar adelante la iniciativa pese al adelanto electoral anunciado por Sánchez: “Este Gobierno no está en funciones, en funciones lo estaremos a partir del 25 de abril”, ha aseverado, antes de apostillar: “Mientras nos estéis pagando un sueldo por ser Gobierno lo vamos a seguir ganando”.

La derogación de la reforma laboral fue una de las principales promesas de Sánchez al llegar a La Moncloa, si bien no ha sido capaz de iniciar siquiera la tramitación lagislativa, dado que la mayoría de PP y Ciudadanos en la mesa del Congreso ha bloqueado todas las iniciativas.

Sin embargo, el Gobierno no se resigna a abandonar del todo una de sus banderas, y ya había deslizado que pretendía introducir al menos algunos cambios para retirar los aspectos que considera más lesivos de la reforma laboral de 2012.

Por decreto de ley

En este sentido, Valerio, que ha participado este miércoles en la entrega del Premio Abogados de Atocha que se ha celebrado en Toledo, ha recordado que durante varios meses el Gobierno y el Congreso han trabajado para reformar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores que regula la subcontratación.

Asimismo, ha apuntado que al hilo de esa reforma se han planteado recuperar la ultractividad de los convenios colectivos, la primacía del convenio del sector frente al de empresa en algunos aspectos y también sobre el registro de jornada.

Sin embargo, “todos esos meses de trabajo han descarrilado” porque ya no da tiempo a poderlo aprobar en el Congreso, aunque fuese por el trámite de urgencia y en lectura única, dado que la Cámara Baja se disuelve el 5 de marzo al igual que el Senado.

Esa camino ya es inviable, ha señalado Valerio, quien ha avanzado: “Vamos a trabajar en un Real Decreto Ley”, cuyo contenido va a someter a consideración en la Mesa de Diálogo Social.

A la búsqueda de apoyos

La titular de Trabajo ha dicho ser consciente de que posiblemente no gustará al cien por cien a UGT y a CC.OO., “y que a lo mejor no le gusta absolutamente nada a CEOE-Cepyme”, pero ha subrayado que el Gobierno tiene el compromiso de sacarlo adelante.

Por ello, la ministra espera que cuando el Real Decreto Ley se lleve a convalidar, cuente con el respaldo de los grupos políticos que apoyaron la moción de censura.

También ha considerado que “es un pena que ayer descarrilase una renovación del Pacto de Toledo”, después de dos años y medio de trabajo, lo que ha achacado a que “desgraciadamente estamos de elecciones”.

“Y como estamos de elecciones pues resulta que algunos partidos velan más por los intereses electorales que por el interés general y por el interés de los más de nueve millones de personas que ahora mismo cobran pensión y de los que tarde o temprano aspiramos a tener pensión y por nuestro hijos y nuestros nietos”, ha añadido.

 

 

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