Bassa asegura que el objetivo del referéndum no era la independencia sino ayudarles a negociar con el Gobierno

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La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa ha asegurado en el juicio de procés que el objetivo de la celebración del 1-O no era declarar la independencia, pero ha admitido que pensaban que les ayudaría en la “negociación” con el Estado para conseguir una consulta pactada. “Nunca fue un acto concluyente y menos para la independencia (…) Era un acto para llegar al diálogo y a un pacto. Sí teníamos claro que, si mucha gente iba a votar, eso nos ayudaba a la negociación. Nunca se pretendió llegar a la independencia después del referéndum“, ha declarado.

Bassa, que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel por rebelión con malversación por parte de la Fiscalía, ha sido hasta ahora la más clara de los acusados a la hora de hablar del referéndum como una herramienta de presión para conseguir que el Gobierno central accediera a negociar con ellos una consulta vinculante y no como una votación para consumar la separación de Cataluña del resto del territorio inmediatamente a pesar de que los partidos independentistas habían prometido a la ciudadanía que pondrían inmediatamente en marcha la República catalana.

“La prueba es que estamos aquí y no ha habido independencia”, ha añadido la exconsellera de Trabajo, quien ha recordado que la leyes de desconexión preveían que se declarara la independencia dos días después de la consulta. “Esto no se llevó a cabo nunca. Como sabe usted, no se declaró la independencia“, le ha dicho al fiscal Fidel Cadena.

Para todos los públicosBassa, que ha respondido también a la Abogacía del Estado pero no a Vox por “respeto a las mujeres de España”, ha resaltado que la independencia “siempre se planteó como algo pactado” tras un proceso de negociación que se llevaría a cabo “durante el tiempo que fuera necesario”. Nunca se planteó llegar a ella, ha añadido, por medio de una “insurrección”.

En ese sentido, ha señalado -como otros acusados- que la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017 no tuvo ninguna validez porque no se publicó en ningún boletín oficial ni se comunicó internacionalmente. Fue, asegura, un “acto político”, nada más.

Reconoce la “autoridad” del Constitucional

La exconsellera Bassa -al contrario que Josep Rull esta mañana cuando ha cuestionado la “legitimidad moral” del Constitucional- ha reconocido esta tarde la “autoridad” de este tribunal que suspendió la celebración del referéndum del 1-O, pero ha argumentado que no desconvocaron la consulta independentista a pesar de esta decisión judicial porque entendían “que no había delito”.

Tras la suspensión de la consulta por el Constitucional, Bassa ha señalado que como Govern “no hicieron nada más” para su organización, pero que no la suspendieron porque estaban “convencidos de que no era delito” y porque tenían, asegura, el aval del “80% de la población” que quería votar.

La exconsellera ha reconocido que el Constitucional “es el máximo intérprete de la Constitución pero que la Constitución tiene miradas más amplias” y que su “visión” es que había un “conflicto de intereses” y “competencial” entre el Govern y el Ejecutivo central y que siempre pensó que se resolvería al final mediante el “diálogo, la negociación y el pacto”.

Bassa ha negado también la malversación -como el resto de líderes independentistas que ya han declarado- porque a partir de la suspensión de la consulta no se destinó ninguna partida a la celebración del 1-O y ha asegurado que desconoce de dónde salieron las urnas y las papeletas. La Abogada del Estado le ha llegado a preguntar, en este punto, cómo pensaban hacer un referéndum “sin medios”.

“Nunca” pensó en que pudiera haber enfrentamientos violentos

La acusada ha asegurado que “nunca” pensó que pudiera haber enfrentamientos violentos durante la celebración del referéndum del 1-O porque tenían el precedente de la consulta del 9 de noviembre de 2014 y las manifestaciones pacíficas que había llevado a cabo el independentismo en los últimos años. La “única variable imprevisible” -ha añadido- fue la actuación “equívoca” de algunos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que cargaron contra los ciudadanos que estaban en los centros de votación.

La Fiscalía acusa a Bassa, entre otras cosas, de haber asumido directamente las competencias sobre los centros cívicos que dependían de su Consellería para garantizar que estuvieran disponibles para celebrar la votación a pesar de la suspensión del Constitucional.

Preguntada por este extremo, Bassa ha explicado que asumió la competencia directa de estos centros ante la “inquietud” que algunos directores manifestaron por “tantas actividades” que se estaban solicitando hacer ese fin de semana y por la responsabilidad civil que podrían tener si ocurría algo.

Según informa Efe, Bassa se ha desmarcado del resto de los acusados hasta el punto que ha dicho que le parecía muy bien que “impidiesen la celebración del referéndum”, pero “con la proporción adecuada” (…) De ninguna manera pensé nunca que vería lo que vi”.

 

 

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