El Consejo de Ministros aprueba los anteproyectos para adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Interior plantea reducir a 72 horas el periodo máximo inicial de permanencia en instalaciones policiales durante el nuevo procedimiento de triaje, salvo prórroga autorizada judicialmente.
El Gobierno ha dado este martes el primer paso para una reforma de la legislación española sobre inmigración y asilo apenas unas semanas después de la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio.
El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta dos anteproyectos: una nueva ley de asilo y una reforma de la Ley de Extranjería, destinadas a adaptar el ordenamiento español al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que los cambios pretenden configurar un sistema de protección internacional «más ágil, eficaz, ordenado y garantista», manteniendo las garantías para solicitantes y beneficiarios de protección.
Las iniciativas llegan después de la entrada masiva de miles de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio, una crisis que volvió a situar el control de las fronteras y la capacidad de respuesta del sistema migratorio en el centro del debate político.
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Una nueva ley de asilo con tres procedimientos
Uno de los principales cambios afecta a la regulación del derecho de asilo. El anteproyecto actualiza y precisa tanto el estatuto de refugiado como las circunstancias que pueden justificar la concesión de protección internacional.
Entre las novedades anunciadas por Interior se incorporan expresamente situaciones relacionadas con la persecución por razón de género o discapacidad.
El nuevo modelo contempla además tres vías diferentes para estudiar las solicitudes: un procedimiento ordinario, otro acelerado con una duración prevista de tres meses y un procedimiento específico en frontera.
En este último caso, las solicitudes deberán resolverse en un plazo máximo de doce semanas. Durante ese periodo, el solicitante permanecerá a disposición de las autoridades y, si finalmente se rechaza la petición, se facilitará el procedimiento de retorno.
Especial protección para los menores
El Gobierno sostiene que la aplicación del nuevo marco europeo se realizará desde una perspectiva «garantista», tratando de compatibilizar el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea con el respeto a los derechos fundamentales.
Grande-Marlaska ha destacado especialmente la situación de los menores y ha señalado que será «muy excepcional» que pueda desarrollarse un procedimiento de protección internacional con menores en frontera.
El Ejecutivo pretende que el interés superior del menor tenga una consideración específica dentro de los nuevos procedimientos.
Un triaje obligatorio para quienes crucen irregularmente la frontera
La reforma de la Ley de Extranjería incorpora una de las principales novedades derivadas de la normativa europea: el denominado triaje o procedimiento de control previo.
Este mecanismo se aplicará a extranjeros que atraviesen irregularmente la frontera y permitirá realizar una primera evaluación antes de determinar qué procedimiento corresponde en cada caso.
Durante ese proceso se efectuará la identificación de la persona, recogida de datos biométricos, reconocimiento médico y evaluaciones de vulnerabilidad y seguridad.
El objetivo es disponer rápidamente de información suficiente para determinar la situación de cada persona y decidir si procede tramitar una solicitud de protección internacional, aplicar otro procedimiento migratorio o iniciar un eventual retorno.
España plantea un máximo inicial de 72 horas
Uno de los aspectos destacados por el Gobierno afecta al tiempo durante el cual una persona podrá permanecer en instalaciones policiales mientras se desarrolla este procedimiento.
España pretende establecer un plazo máximo inicial de 72 horas, que únicamente podría prolongarse con autorización judicial.
Según la explicación ofrecida por Interior, el nuevo marco europeo permitiría alcanzar hasta siete días, pero el Ejecutivo español ha decidido optar por un periodo inferior.
Grande-Marlaska ha defendido que la intención es «limitar al mínimo indispensable» el tiempo durante el cual el extranjero permanece en instalaciones policiales.
Primer paso de una reforma de gran alcance
La aprobación por el Consejo de Ministros supone todavía el inicio de la tramitación de los dos anteproyectos y no su entrada inmediata en vigor.
El Gobierno deberá completar ahora el procedimiento correspondiente antes de que los textos definitivos puedan convertirse en ley.
La reforma se produce en un momento especialmente sensible para la política migratoria española después de la crisis vivida en Ceuta, al tiempo que España debe adaptar su legislación al nuevo sistema europeo de migración y asilo. El equilibrio entre el control de las fronteras, la rapidez de los procedimientos y las garantías de quienes solicitan protección internacional será uno de los principales puntos de atención durante la tramitación de las nuevas normas.
