El juez acaba la instrucción de la causa al expresidente de Feceval y pide pronunciamiento al fiscal

 

fotonoticia_20190227174147_800VALÈNCIA, El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha dictado auto de procedimiento abreviado en la causa que investiga presuntas contrataciones irregulares de personas que habrían cobrado por una labor docente no realizada con cargo a la Conselleria de Educación –durante anteriores mandatos del PP– pero que realmente realizaban tareas para la patronal de la concertada Feceval. En esta causa, está investigado el expresidente de esta federación José Manuel Boquet.

De esta forma, se pone fin a la instrucción y se da traslado al fiscal para que diga si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o, en determinados supuestos, la práctica de diligencias complementarias, han explicado a Europa Press fuentes jurídicas.

Si el ministerio público entiende que debe celebrarse juicio porque hay indicios de delito, presentará el correspondiente escrito de acusación, en el que realizará un relato de cómo cree que sucedieron los hechos y concretará el delito que le imputa al investigado y, en su caso, la pena solicitada. Posteriormente, el instructor dictará auto de apertura de juicio oral y dará traslado de la acusación del fiscal al abogado del expresidente de Feceval, para que formule el escrito de defensa.

Aunque en agosto de 2017, el juzgado decidió sobreseer provisionalmente la causa –al considerar que existía un contrato laboral “válido”, no simulado, aunque los servicios se prestasen en la federación y de que el fiscal pidiera el archivo y pasar el caso al Tribunal de Cuentas–, la Audiencia de Valencia ordenó reabrirla en noviembre de aquel año, tras estudiar el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat.

La Audiencia apreció “indicios objetivos de criminalidad derivados del hecho de haber firmado contratos simulados con cinco personas muy vinculadas a Feceval para, así, permitirles trabajar como empleados de dicha entidad pero cobrando con cargo al erario público, sin que por ahora haya quedado justificado de un modo mínimamente convincente, al menos al nivel indiciario, que esas personas realizaron la actividad laboral explicitada en los contratos, que era el desarrollo de ‘tareas de organización y coordinación de formación del profesorado'”.

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