El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Lezo ha citado a declarar como imputados a seis exconsejeros de la Comunidad de Madrid que formaban parte del Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón en en noviembre de 2001, cuando se aprobó la compra supuestamente irregular de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II.
En concreto, en una providencia, el juez cita para el día 11 de septiembre a Paz González García, exconsejera de Justicia y Administraciones Públicas; Luis Blázquez (Economía e Innovación), y Luis Eduardo Cortés (Obras Públicas, Urbanismo y Transportes). Para el día 12 de ese mes, convoca a Alicia Moreno, exconsejera de las Artes; Pilar Martínez López, de Servicios Sociales, y Luis Peral, de Trabajo.
El juez los cita a instancias de la Fiscalía, tras haber practicado la mayor parte de las diligencias en la pieza 1 del caso Lezo, la relativa a la adquisición de Inassa. En la providencia el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda citar a declarar al “resto de miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid” para seguir esclareciendo los hechos.
El magistrado ya tomó declaración en esta pieza al propio Ruiz-Gallardón y a los demás miembros del Consejo de Gobierno, entre ellos Manuel Cobo, Juan Bravo y Pedro Calvo.
Gallardón defendió la operación ante el juez del ‘caso Lezo’
El juez instructor acordó investigarles por presuntos delitos de prevaricación y malversación tras escuchar unos meses antes a los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular, y que exculparon al expresidente regional, recuerda Europa Press.
Gallardón defendió ante el juez la “legalidad” con la que se llevó a cabo la operación “con todos los informes jurídicos favorables” y aseguró que “jamás” cobró comisiones.
Todos formaban parte del Ejecutivo madrileño que aprobó la compra de la empresa colombiana por un total de 73 millones de euros a través de una empresa panameña, una operación en la que, según el juez, pudo existir “una sobrevaloración claramente perjudicial” y que se realizó a través de una “compleja estructura societaria” que contravino “de plano” los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad, informa
