El pasado mes de octubre, las Corts Valencianes aprobaban, con el voto en contra del PP y las reticencias del PSPV, la modificación de la ley de designación de senadores territoriales propuesta por Podemos. La norma tiene su origen en el plantón de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá -fallecida el pasado mes de noviembre en Madrid- a la comisión de investigación parlamentaria sobre la Operación Taula.
Ahora, tal y como informa la Cadena Ser, el Partido Popular presenta un recurso de inconstitucionalidad a la ley valenciana a modo de “acto de desagravio” a la exalcaldesa valenciana, según anunció el senador valenciano Pedro Agramunt. Aunque los populares sostienen que no se trata sólo de eso, sino de que son los ciudadanos quienes deben decidir si alguien no merece estar en un cargo público, al tiempo que se evitan potenciales futuras persecuciones políticas.
La proposición inicial de Podemos buscaba que los senadores territoriales -elegidos por el parlamento autonómico- que hubieran traicionado la confianza de la cámara pudieran ser expulsados por la misma institución que los eligió, y citaba como ejemplo el caso de Rita Barberá, cuya muerte desde el PP continúan vinculando con la presión mediática a pesar de la delicada salud de la exalcaldesa.
La ley exige que, cuando se justifique la pérdida de confianza, “fundamentada en el incumplimiento de las obligaciones del senador”, para que sea efectiva la revocación ésta debe ser solicitada por al menos dos grupos parlamentarios; requiere el voto favorable de un mínimo de dos tercios del parlamento; y que no se produzca ningún voto en contra de los diputados del grupo que propuso al senador recusado.
