El PP y el PSPV pactan la ordenanza de prostitución que castiga a los clientes

La Ordenanza de Prostitución de Valencia entrará en vigor a finales de abril una vez que pase el trámite preceptivo de aprobarla el pleno del ayuntamiento en la sesión de este mes y se publique en el Boletín Oficial de la Provincia. Estos serán los últimos pasos de un documento que empezó a gestarse hace varios años y hoy ha tenido vía libre.

Un grupo de vecinos de Velluters protesta hace unos meses en la plaza del Ayuntamiento/vlcciudad
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Un grupo de vecinos de Velluters protesta hace unos meses en la plaza del Ayuntamiento/vlcciudad

El documento persigue a los clientes, con multas de hasta 2.000 euros, por solcitar servicios sexuales mientras que no penaliza a las mujeres. El texto se ha consensuado hoy entre el equipo de gobierno, el PP, o Ormás bien el edil de Seguridad, Miquel Dominguez, y el PSPV, el principal partido de la oposición.

La ordenanza contempla multas de ente 1.001 a 2.000 euros para las infracciones muy graves, entre las que figuran ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales retribuidos (aunque sea en el interior de un vehículo) en el espacio público o publicitarlos a menos de 200 metros de centros educativos o parques infantiles.

Las infracciones graves se sancionarán con multas de 301 a 1.000 euros, mientras que las leves se castigarán con un máximo de 300 euros.

El fin de la nueva norma es “preservar a los menores de la exhibición de prácticas de ofrecimiento o solicitud de servicios sexuales en espacios de dominio público, mantener la convivencia, garantizar el libre acceso de los ciudadanos a los espacios públicos y prevenir la explotación de determinados colectivos”, según figura en el texto al que ha tenido acceso VLC Ciudad.

La norma recoge la prohición de realizar de cualquier acto de exhibicionismo, proposición o provocación de carácter sexual en espacios públicos, que no constituya ilícito penal, para captar clientes, así como las conductas, que bajo la apariencia de prostitución, obstaculicen o impidan el libre tránsito de los ciudadanos por los espacios públicos coaccionando y/o acosando a los viandantes.

Los soportes publicitarios, como los mupis o vallas, no podrán utilizarse para promocionar servicios sexuales bien los privados, de titularidad pública o en los autobuses públicos.

VLC Ciudad/Redacción

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